Amnistía Internacional (AI) destaca en su informe anual avances «significativos» en América en el enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos, aunque denuncia que persisten las amenazas y homicidios de periodistas y defensores de los derechos humanos.
En su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo presentado ayer en Londres, que analiza la situación de 155 países en 2011, AI señala que entre los países en los que se registraron avances figura Argentina, por las investigaciones y los enjuiciamientos de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura (1976-1983). También incluye a Brasil, Bolivia, Chile y Colombia.
No obstante, la impunidad por violaciones de derechos humanos siguió siendo la norma, según AI. Así destaca que en Colombia una ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, implicada en un escándalo de escuchas y vigilancia ilegales y amenazas contra detractores del ex presidente álvaro Uribe, siguió eludiendo la justicia, y que en México acciones judiciales contra responsables de violaciones de derechos humanos continúan estancadas.
Sobre seguridad y derechos humanos, el informe de Amnistía Internacional señala que los gobiernos de la región siguieron explotando motivos «legítimos de preocupación sobre la seguridad pública y los elevados índices de delincuencia para justificar o ignorar las violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas de seguridad».
En este sentido, AI destaca que en México más de 12.000 personas perdieron la vida en actos violentos atribuidos a organizaciones delictivas, y que el presidente Felipe Calderón desplegó alrededor de 50.000 soldados para realizar funciones de orden público en todo el país.
En menor escala, también emplearon personal militar para desempeñar funciones de orden público otros países de la región, como El Salvador, Guatemala, Honduras, la República Dominicana y Venezuela. Sobre Brasil explica que las prácticas de los cuerpos de seguridad siguieron caracterizándose por los abusos y la corrupción.
En Colombia, el largo conflicto armado interno siguió «infligiendo indecibles sufrimientos a comunidades civiles de todo el país».
Tanto los grupos guerrilleros como los paramilitares y las fuerzas de seguridad, que en ocasiones actuaban en connivencia, fueron responsables de abusos graves contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario, según AI.
Al finalizar 2011, casi dos años después de que expirase el plazo fijado por el presidente estadounidense Barack Obama para el cierre del centro de detención de Guantánamo, quedaban aún en la base más de 150 detenidos.
Las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas siguieron suscitando «preocupación» pese a los avances positivos en la región, según el informe.
En muchos casos se negó a los pueblos indígenas su derecho a una consulta y a dar su consentimiento respecto a proyectos de desarrollo que les afectaban, incluidos proyectos de la industria extractiva.
Sobre los derechos de los emigrantes, en varios países se negó la protección de la ley a cientos de miles de ellos. En México se descubrieron cientos de cadáveres de emigrantes en fosas clandestinas.
El informe del organismo también critica el irrespeto de los derechos humanas, particularmente con la pena de muerte. Destaca en relación a este tema, que el país norteño ejecutó solo durante el año àsado 43 presos, todos por inyección letal.
