En los almacenes del centro de Guayaquil aún es fácil encontrar productos que se ofertan a precios diferenciados. El costo de televisores, refrigeradoras, cámaras fotográficas y equipos de sonido que se venden con tarjetas de crédito supera (antes de intereses) a los que se ofertan al contado.
Es la realidad que deben enfrentar los consumidores, pese a que hace 8 días rige una resolución de la Junta Bancaria (JB) que prohíbe a los establecimientos subir los valores de los productos cuando el pago se realice a crédito, en relación al ofrecido en efectivo. Es decir, el precio debe ser igual en ambos casos.
Hasta ayer, en almacenes como La Ganga, el Precio de Venta al Público (PVP) variaba en artefactos como los televisores. En la tienda, una televisión Sony de 32 pulgadas le costaba al cliente $ 604 si lo cancelaba con efectivo en mano; pero su costo subía a $ 630, si se lo cotizaba con tarjeta de crédito. Este último precio, dijo un vendedor, no incluye los intereses que se establecen dependiendo del plazo que el cliente se endeude.
En otros locales como Créditos Económicos y Comandato, de la avenida 9 de Octubre, sucedía algo parecido. Artículos como cámaras fotográficas que costaban $ 207 en efectivo, podían encarecerse hasta en $ 225, si el pago se lo hacía con el denominado dinero plástico. El costo de equipos de sonido, en cambio, podía marcar una diferencia de más de $ 20, dependiendo de su funcionalidad y característica.
Al consultarse a los vendedores sobre la nueva reforma, dijeron desconocer desde cuándo entraría en vigencia, pero que, por el momento, «no existe ninguna notificación sobre el cambio de precios».
En locales más pequeños como Marcimex aseguraron estar aplicando la medida que beneficia a los consumidores, al no tener que pagar por el uso de una tarjeta bancaria.
Ricardo Iturralde, administrador del lugar, señaló que el cliente se estaría ahorrando el 8% que el establecimiento comercial debe pagar a los emisores de tarjetas de crédito por vender a sus clientes a través de esos instrumentos.
Aunque la medida -dictada por la JB el pasado 7 de junio- tenía como fin controlar el endeudamiento desmedido que sufren varios consumidores de tarjetas, la resolución afectará al sector comercial. Así lo cree Iturralde, quien explica que el impacto llegará a cada uno de los locales que tendrán que asumir el cobro. «La banca nunca pierde. Somos nosotros los que tendremos que pagar el porcentaje aunque nuestra utilidad se impacte», indicó.
Leonardo Palacios, visitó ayer con su esposa el almacén Comandato. Allí él pudo constatar que la homologación de precios que se debía aplicar no era una realidad. «Yo no he visto diferencia, todo sigue igual. Lo mismo pasa con la supuesta eliminación del cobro del mantenimiento de tarjetas, supuestamente lo eliminaron, pero en realidad inventan alternativas para compensarlo», dijo.
Para Germán Peñafiel, la medida le parece justa. No está de acuerdo que el cliente tenga que asumir un costo adicional cuando igual debe pagar intereses que impone la banca. él dice que el reto de las autoridades consistirá en el control efectivo que deberán aplicar para evitar que se incumpla la disposición.
Sanciones. Si no se cumple la resolución que exige que los precios en efectivo y tarjeta no se diferencien, la Superintendencia de Bancos emitirá sanciones.
«Puede ir desde la amonestación a un gerente general, a un representante legal, puede ir una sanción económica y puede inclusive ir a la destitución del representante legal y puede ir hasta la liquidación y cierre de una institución financiera», manifestó Pedro Solines, superintendente de Bancos, según Ecuadorinmediato.
En el 2011, señala la Superintendencia, el volumen de crédito que los tarjetahabientes consumieron con el documento sumó 7.227 millones de dólares. Diners y MasterCard lideran el financiamiento con 2.716 millones y 1.237 millones, respectivamente. Con American Express, 734 millones de dólares.
