Los procesos de remoción y destitución de alcaldes, como los de Muisne y Eloy Alfaro (Esmeraldas), ocurridos el año pasado, motivaron a la Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) a plantear una reforma al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad) que se discutirá hoy en la Asamblea Nacional.
El proyecto propone que los concejos, sin perder su labor fiscalizadora, no tengan atribuciones para destituir o remover a la autoridad seccional. Para la AME esa es una atribución de los jueces.
Así lo señaló ayer la directora ejecutiva de la agrupación, María Fernanda Maldonado. Ella presidió la asamblea de la regional 5 de la entidad (que agrupa a los alcaldes de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos) en el cantón Pedro Carbo.
Según Maldonado, con la propuesta piden a la Asamblea Nacional aclarar el procedimiento de remoción. «No puede ser posible que en este caso los concejos cantonales se conviertan en jueces procesales», criticó la funcionaria.
Ella quiere que el Cootad identifique las causales para la eventual destitución o remoción de un alcalde, pero que establezca asimismo que sean los jueces competentes los únicos capaces de dictaminar la comisión de un delito, de una falta o del incumplimiento de una ley.
Admitió que el tema ha causado muchas discusiones en el interior de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea para que se respete la visión de fiscalización que tienen los concejos cantonales, sin embargo consideró que esa labor no puede quedar demasiado abierta como para que un alcalde simplemente por mayoría sea destituido.
La propuesta de la AME indica que la acción fiscalizadora de los concejos está relacionada con una investigación seria, incluso el Cootad establece la posibilidad de seguir un proceso de renuncia hasta avanzar a la remoción, pero frente a la comisión de un delito solo un juez es el competente para pronunciarse sobre el tema. «No es posible que cinco o seis personas se vayan en contra de la voluntad del pueblo y destituyan a un alcalde», puntualizó.
La AME también planteó al Legislativo la revisión de artículos relacionados con posesión de tierras, legalización, medición de predios, entre otros temas, además de fijar los requisitos para la creación de parroquias de acuerdo al número de sus habitantes.
El Cootad, según Maldonado, incluye un requisito para que no se creen más parroquias mientras no se haya pronunciado el organismo nacional de fijación de límites territoriales.
Acuerdos nacionales
A la cita asistieron 33 de los 55 alcaldes de los cantones que son parte de la regional 5. Allí se analizaron los avances de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Nacional de la AME con el Gobierno Nacional, suscrito el año pasado. El objetivo era alcanzar el Buen Vivir en un plazo de cinco años.
Según el presidente de la regional 5 y alcalde de Pedro Carbo, Ignacio Figueroa, se trataron temas de agua potable, alcantarillado, saneamiento ambiental, camales, entre otros aspectos, pero lo más importante es buscar financiamiento para cumplir con las obras en el tiempo señalado.
El burgomaestre dijo que en el Banco del Estado existen recursos para los gobiernos autónomos descentralizados para financiar proyectos de agua potable, alcantarillado y manejo de desechos sólidos hasta con el 75% de subsidio. «Los problemas de los municipios son las escasas capacidades de endeudamiento, por eso habrá reuniones con el Banco del Estado para revisar los cupos de financiamiento», sostuvo Figueroa.
