Fuentes del proceso judicial confirmaron que el juez Lewis Kaplan decidió hoy prolongar la suspensión temporal que dictó el pasado 8 de febrero sobre la aplicación de la sentencia y declinó de momento convertirla en una orden formal definitiva.
Kaplan estableció entonces que durante dos semanas no podría ejecutarse cualquier sentencia que se emitiera sobre el caso que desde hace 18 años enfrenta a Texaco (comprada por Chevron en 2001) con pueblos de la Amazonía.
Según lo decidido hoy, esta decisión ha quedado aplazada hasta el próximo 8 de marzo y, para la próxima semana las partes deberán facilitar documentación al juez sobre temas relevantes bajo la legislación ecuatoriana y el proceso de apelación en ese país.
«Apreciamos la atención de la corte a este asunto urgente», aseguró el portavoz de la petrolera estadounidense James Craig tras conocer la decisión del juez neoyorquino.
Añadió que «los demandantes han dicho siempre que cualquier decisión de Ecuador podría ser objeto de revisión por las autoridades de Nueva York» y aseguro que Chevron «sólo busca una revisión de una sentencia ilegítima y la protección frente a los planes de los demandantes de crear caos jurídico antes de que se pueda escuchar a las partes».
La decisión del juez Kaplan se suma a la adoptada recientemente por un tribunal de apelación de La Haya, que acordó también bloquear de manera temporal la ejecución de la sentencia.
Además, tanto Chevron como los demandantes han recurrido el fallo por el que una corte de Ecuador condenó el lunes a la petrolera a pagar más de 9.500 millones de dólares en lo que se considera la penalización más elevada jamás impuesta por daños medioambientales.
Los demandantes atribuyen a Texaco la contaminación de unas 480.000 hectáreas de selva en la Amazonía, daños irreversibles al ecosistema y enfermedades graves a sus habitantes.
Aseguran que la petrolera estadounidense arrojó entre 1964 y 1990 sin ningún cuidado unos 68.000 millones de litros de vertidos tóxicos, cuyos efectos, dicen, aún se padecen en las áreas donde la petrolera operó.
Sin embargo, Chevron sostiene que cumplió con las tareas de limpieza que en su día acordó, que los daños son responsabilidad de Petroecuador -que asumió en los 90 el control de los campos petrolíferos que produjeron los derrames- y que los demandantes han tratado de exorsionarla y defraudar en colaboración con las autoridades ecuatorianas.
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