La primera señal llegó en octubre del año pasado, cuando el gobierno argentino anunció sorpresivamente que había acordado pagarle US$677 millones a cinco empresas que le habían ganado juicios ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un reclamo que llevaba años.
Después vino la inesperada remoción del cuestionado secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el hombre considerado el artífice de muchas de las medidas económicas más polémicas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Pero los gestos más fuertes llegaron en 2014: en enero el ministro de Economía designado dos meses antes, Axel Kicillof, presentó una oferta de pago al Club de París, los 19 países a los que Argentina aún les debe más de US$9.000 millones desde la moratoria de pagos (default) de su deuda en 2001.
Pocas semanas después pasó lo que muchos creían imposible: a pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina presentó un nuevo índice de medición de precios, que por primera vez admitió el problema de la inflación, una realidad que hasta entonces había sido negada por las autoridades.
Finalmente, la semana pasada Argentina dio por terminada una prolongada disputa internacional al acordar con la petrolera española Repsol el pago de la indemnización por la expropiación del 51% del paquete accionario de la petrolera YPF, renacionalizada en 2012, acuerdo que será sellado en mayo, si el Congreso argentino lo aprueba.
Para muchos analistas, todas estas medidas son un indicio claro de que el gobierno quiere hacer las paces con el mercado de capitales, quizás con la intención de volver a contraer deuda.
Pero, ¿por qué un gobierno que ha hecho gala de su política de desendeudamiento y que por años criticó a los gobernantes pasados que endeudaron al país está ahora mandando tantas señales de acercamiento a los mercados?
En 2013 el FMI censuró a Argentina por la calidad de sus estadísticas. Expertos como Dante Sica, director de la consultora económica Abeceb.com, creen que la respuesta es obvia. «El gobierno necesita dólares», le aseguró a BBC Mundo.
«El cambio de actitud se debe a que a partir de 2011 Argentina pasó de tener superávit a tener déficit, y las medidas que tomó para frenar la caída de divisas no funcionaron», dijo, en referencia a las restricciones cambiarias impuestas a partir de ese año.
En rigor, si bien el país tiene déficit fiscal hace años (es decir, gasta más de lo que recauda), aún mantiene un superávit comercial, lo cual hasta ahora ha sido la principal fuente de ingresos de divisas al país.
Sin embargo, en 2014 el saldo comercial mostró una preocupante caída: según las cifras oficiales, en enero el superávit fue de apenas US$35 millones, lo que significó una disminución del 88% con respecto a igual mes del año anterior.
Por eso, economistas como Sica creen que el gobierno está forzado a salir a buscar dinero para compensar su excesivo gasto público y con ese fin se ha apurado a dar señales de buena voluntad al mercado.
Economistas alineados con el gobierno, como Fernanda Vallejos de la agrupación pro kirchnerista La Gran Makro, coinciden en que las señales que está dando el gobierno buscan mejorar las condiciones para una eventual emisión de deuda. Pero la experta rechazó que esto signifique un giro en la política gubernamental.
«El gobierno nunca se opuso a volver a los mercados, a lo que se opuso es a pagar las tasas onerosas que nos querían cobrar», comentó.
En efecto, la propia presidenta Fernández señaló a fines de enero, durante un discurso que dio durante una cumbre regional, que Argentina evitó hasta ahora el mercado de capitales no porque no quería acceder a él, sino por la siguiente razón: «Producto del default en el año 2001, ese mercado de capitales nos estaba vedado y si no nos estaba vedado, era con tasas muy altas».
Sin embargo, los críticos del gobierno sostienen que no fue la cesación de pagos lo que ha alejado a los mercados durante la década de gobierno kirchnerista, sino que ha sido la falta de confianza que generaron las políticas económicas gubernamentales.
A eso atribuyen que los vecinos de Argentina como Brasil, Chile y Uruguay hayan atraído en los últimos años mucha inversión extranjera, multiplicando sus reservas internacionales, mientras que en este país los fondos del Banco Central sufrieron un fuerte retroceso, cayendo un 30% en 2013.
Vallejos, en cambio, rechazó que haya falta de confianza y consideró que gran parte del dinero que ingresó a los países vecinos fue inversión especulativa que no fue bienvenida por el gobierno argentino, que la considera dañina para el desarrollo de largo plazo.
Restricción externa
En dónde coinciden oficialistas y opositores es en que la llamada restricción externa –o la falta de dólares- es uno de los principales problemas que tiene la economía argentina, ya que limita el crecimiento del país.
La salida de la divisa estadounidense se agudizó en los últimos tres años debido al fuerte aumento de las importaciones energéticas, que representan cerca del 10% del presupuesto nacional.Por otra parte, el gasto público se mantuvo alto debido a la política de subsidios a la energía y al transporte que se implementó en 2002, en medio de la crisis económica, pero que el kirchnerismo siguió aplicando hasta la actualidad.En 2013, el gasto en subsidios energéticos duplicó el superávit comercial.
Corte Suprema de Estados Unidos
La Corte Suprema de EE.UU. aún debe definir si acepta el caso argentino por la demanda de los holdouts.Por eso, muchos creen que un regreso a los mercados es inevitable.No obstante, resta ver si las medidas que está tomando el país serán suficientes para que los organismos de crédito vuelvan a prestarle dinero a Argentina, a una tasa que el gobierno considere aceptable.
Uno de los factores de los que dependerá eso es el resultado del juicio que Argentina enfrenta en Estados Unidos por la demanda de un grupo de holdouts, como se conoce a los acreedores que no aceptaron ingresar en los dos canjes de deuda que el país realizó en 2005 y 2010.
En febrero, el gobierno argentino solicitó a la Corte Suprema de EE.UU. que revise un fallo adverso que obliga al país a pagar más de US$1.300 millones a un grupo de fondos de inversión que quiere cobrar el 100% de sus bonos.
Si se mantiene la sentencia, Argentina podría volver a caer en un default técnico, lo que complicaría cualquier acceso a nuevos fondos.
Foto: Diario Clarin
