El pasado viernes se realizó, en el Teatro Sánchez Aguilar, el Encuentro Nacional de las Artes Escénicas y Musicales. Fue un espacio para que distintos artistas, gestores y docentes del área socializaran diferentes ideas en torno al proyecto de Ley de Culturas (próximo a debatirse en la Asamblea Nacional) y el manejo de políticas culturales en Ecuador.
Ley de Culturas
En la cita estuvo el asambleísta y delegado de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Gastón Gagliardo, quien expuso su visión de la Ley de Culturas y el proceso en el que se encuentra para ser o no aprobada la norma.
Gagliardo explicó que hace un mes y medio se envió a la Asamblea el informe de mayoría para que la comisión realice los cambios pertinentes, que en realidad los puede efectuar solo el ponente, que en este caso es la presidenta de la Comisión, la asambleísta Ximena Ponce.
Gagliardo afirmó que en el informe hay una priorización muy clara sobre los saberes y cultura ancestral y que, en ese sentido, no favorece a los artistas. «Lo ideal es que desde el principio se hubiera efectuado una separación entre los dos ámbitos».
Es así que hay varios temas que se quieren tratar en el alcance que ahora hará la Asamblea: Sistema Nacional de Cultura, garantías y protección del artista, artes, emprendimientos e industrias culturales, derechos e incentivos.
Entre los temas que trata el segundo informe de la Ley de Culturas, Gagliardo dijo que hay varios que preocupan o que no quedan muy claros, como el punto del régimen laboral, el que aborda que se hará una tabla salarial para la contratación y pagos de los artistas. Sin embargo, el asambleísta considera que es riesgoso, ya que «la actividad artística es muy subjetiva».
Una de las fortalezas que destaca la ley es el artículo 52, en el que se determina que los artistas con una trayectoria influyente y trascendente puedan obtener el título de Doctor Honoris Causa, lo que va de la mano con la creación de la Universidad de las Artes, ya que habrá más opciones para la plaza de docentes.
Gagliardo puntualizó que no hay un plazo específico para votar para la aprobación del proyecto. Asimismo, se comprometió a llevar las conclusiones de la jornada a Ximena Ponce, para que sean consideradas en el proceso de alcance.
Visión del Ministerio
En el encuentro también participó el viceministro de Cultura, Jorge Luis Serrano, quien aportó el punto de vista de la cartera de Estado sobre el proyecto de Ley de Culturas.
«La ley que se está pensando, es un tipo de ley orgánica, es decir, de carácter general que no va a entrar en muchas especificidades. Y, de hecho se discute si es que se convierte en Ley de Cultura y Patrimonio», recordó Serrano.
«El proyecto sobre el cual se ha estado trabajando realmente no es el mejor. Este informe de mayoría, de ser llevado a la práctica, lo que sucedería es que sea vetado completamente por el Presidente. Se puede recoger insumos para incorporar un nuevo articulado», afirmó el viceministro.
Comentó que hay «nudos críticos» que repensar. Uno de ellos es el de la institucionalidad, ligado a la articulación de las Casas de la Cultura. «Actualmente tienen una ley orgánica que ha convertido a la gestión de esta institución en 24 repúblicas independientes», explicó. Es decir, cada una de las casas tiene un modelo de gestión distinto en Guayas, Pichincha, El Oro, etc.
«Están tan desarticulados que no existe una entidad pública que pueda recabar todos los espacios que abarca la institución», añadió. Es por eso que se necesita que las Casas de la Cultura entreguen información, para saber con qué espacios cuentan los gestores, artistas, entre otros.
En cuanto al régimen de incentivos tributarios, «se está pensando en que se consideren distintos mecanismos, por ejemplo, que a nivel de aduanas, cuando se importen objetos o lo que fuere para producción nacional, sean liberados de aranceles». Igual pasaría con el envío de obras al exterior, cuando un artista participa de un festival.
Añadió que «lastimosamente los estímulos tributarios para la inversión privada están prohibidos por la Constitución porque no permite las preasignaciones».
Otro punto que tocó fue el del rol de los gobiernos locales. «Las municipalidades tienen mucho por hacer en el ámbito de las artes y la cultura. Por ejemplo, los municipios recaudan el impuesto al espectáculo público, pero localmente esto no genera ningún fondo local para las artes; esa recaudación se licua en impuestos generales y paga gastos corrientes, es decir, sueldos».
Considera que una de las herramientas que debe apoyar la ley es la del derecho de autor, ya que ayuda a los artistas a obtener remuneraciones sin depender de políticas públicas.
Serrano agregó que «uno de los temas que más preocupa es el de seguridad social para los artistas, porque es muy difícil que lo pueda asumir el Estado».
Propuesta de artistas
Durante el encuentro los artistas se dividieron en grupos para realizar propuestas y debatir en torno a los siguientes temas: Régimen laboral de protección a las y los trabajadores y profesionales de la cultura, Régimen de educación, formación, investigación y sensibilización, Fomento y difusión cultural, Sistema Nacional de Cultura, Derechos de autor y Trámites e impuestos.
Un representante de cada grupo se acercó al frente para socializar las propuestas. Uno de ellos era el actor Héctor Garzón, quien habló sobre el régimen laboral.
Entre las sugerencias estaba que en lugar de crear una tabla salarial fija, se implementen más bien montos mínimos en esa escala. Además, considera que en la ley debe existir un glosario con términos que diferencien el trabajo del artista frente al de los artesanos.
Otra de las ponentes fue Martha Rizzo, directora de la Escuela de Arte de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, cuyo eje fue la educación. «Se necesita crear una política de Estado que apoye a la educación artística, para que sea implementada desde la etapa inicial de la escuela, no se formará necesariamente artistas, sino que se educará de forma integral», afirmó la docente.
En cuanto a la difusión cultural, María Augusta Iturralde evocó tres puntos. El primero tiene que ver con el dinero y los incentivos, por lo que en su grupo se propuso que existan fondos permanentes para festivales que más de diez años se realizan en el país, como los EDOC.
La siguiente arista que comentó fue la de los espacios: «Encontramos espacios públicos que están regulados por ordenanzas municipales que complican mucho su uso y por eso están vacíos. Hay que lograr que la ley disponga que el Sistema Nacional de Cultura incluya espacios públicos y privados, que tenga programación permanente y un mínimo porcentaje de uso de los lugares».
En el área de la difusión Iturralde propuso que exista obligatoriedad de que medios de comunicación públicos y privados destinen un porcentaje de sus agendas a la difusión de iniciativas culturales, además de la formación adecuada para periodistas que cubren temas de cultura.
Sobre el sistema nacional de cultura, Ramón Barranco, director Artístico del Teatro Sánchez Aguilar, acotó que deben «abrirse los circuitos para llevar las obras a otros sectores del país».
Por otro lado, Troi Alvarado, director nacional de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (Sayce), habló de los derechos de autor. En ese sentido, alentó a que las sociedades de autores se unan para cobrar como se debe por los derechos de autor.
Dijo que «hay necesidad de enseñar sobre el tema, porque hay mucha ignorancia al respecto», y luego enfatizó: «La creación nos da identidad, la interpretación no».
Barranco, en otra intervención, dijo que en Argentina hay 730 salas de teatro y que entre Guayaquil y Quito no se llega ni a 35, «y Buenos Aires no tiene, ni se plantea, una Ley de Cultura. Es así que afirmó que «en el país faltan asociaciones profesionales de artistas y unir esfuerzos». Por ejemplo, contó que se sorprendió al saber que en el directorio del CNCine hay una plaza para actores o técnicos pero, como la gente del sector no ha llegado a ningún acuerdo, nadie ocupa el puesto.
Si bien para algunos la aprobación de la ley debe ser una prioridad, el fotógrafo Enrique Avilés recordó a los presentes que «porque sean artistas no debe haber preferencia ante esa condición, la idea es que se cree un cuerpo legal y que haya normas para un mejor Estado».
Concluido el debate, el viceministro de Cultura, Jorge Luis Serrano, también se comprometió a presentar todas las propuestas de la jornada a la Asamblea Nacional.
