Está previsto que este lunes se debata en el pleno de la Asamblea Nacional el veto del Ejecutivo a la Ley de Educación Superior. Entre los puntos que resaltan de la normativa, está la disposición de que la Secretaria Nacional de Educación Superior, ejerza la rectoría de la política pública y, por tanto, esté encargada de la coordinación de las acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior.
El articulado estipula que esta esté dirigida por un secretario nacional, designado por el primer mandatario; además, deberá velar por que se mantenga la gratuidad en la educación superior, deberá identificar carreras y programas considerados de interés público y priorizarlos de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo; diseñar, implementar, administrar y coordinar el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador y el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión; diseñar y administrar la política de becas del Gobierno para la educación superior, acción que se coordinará con el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE).
Está previsto también, que el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior esté conformado por seis académicos: tres de ellos seleccionados por concurso público de méritos y oposición, organizado por el Consejo Nacional Electoral; y los restantes designados directamente por el Ejecutivo mismos que serán quienes nombren al presidente de la entidad.
El Consejo será un organismo público técnico, con personería jurídica y patrimonio propio, con independencia administrativa, financiera y operativa, funcionará en coordinación con el Consejo de Educación Superior, tendrá facultad regulatoria y de gestión, no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación ni por aquellos que tengan intereses en las áreas que vayan a ser reguladas.
