El Pleno de la Asamblea Nacional reinició hoy el debate del Libro III del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con 109 asambleístas. Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que los articulados exponen los lineamientos para los procedimientos a seguir en el caso de los privados de la libertad, así también estipula los espacios en donde deben ser puestos. De esta manera señaló que se clasifican los niveles de seguridad de máxima , mediana y mínima.
Andino señaló que la ley da una regulación de ejes de privados de la libertad. Ratificó que el proyecto usa reglas de rehabilitación y reinserción mínimas para el tratamiento de los reclusos, «de lo cual el Ecuador es dignatario».
Manifestó que hay cinco ejes: laboral, educativo-cultural, deportivo, salud, vinculo familiar y reinserción.
Habló del régimen disciplinario, en donde se abordan las faltas leves, graves y gravísimas, así como las «sanciones con estricto apego a los principios constitucionales». Acotó que se expone exoneración de multas en caso de manera inhumanitaria. Para Andino, la normativa genera «aspectos fundamentales para reinsertarlos en la sociedad a las personas condenadas».
El asambleísta Nelson Serrano dice que luego de 73 años tenemos un Código que puede ser usado en beneficio de la justicia, «con el uso se verá sí cumple el cometido de establecer la justicia con claridad las competencias de los jueces».
El legislador Fernando Bustamante indicó que el problema de rehabilitación está sometido a una falta de reflexión en la sociedad. Precisó que está marcada por un masivo imperio de la falacia de ejecución y de la atribución, «que predice en suponer que las causas del delito están en la índole del delincuente, sabemos ahora que solo en casos de psicopatología no es la naturaleza del ser quien mira el delito, sino en entornos criminógenos.
Para el legislador el problema del crimen «está en la naturaleza del entorno, de cómo la gente vive y se relaciona». Por ello precisó que el problema no pasa por la cárcel «sino por la destrucción de los contextos que hacen que cualquier persona se convierta en propensa a delinquir». Sostuvo que lo «que va a resolver el delito no es la cárcel, ni el sistema, sino el cambio de los contextos sociales, humanos y psicosociales».
Precisó que el delito se reproduce en la cárcel, y que este «no es el lugar en donde vamos a eliminar el problema, sino en donde lo vamos a condensar». Llamó a los legisladores a reflexionar «que estamos haciendo en la vida para que delinquir sea una salida racional para ciertas personas». Enfatizó que el 80% de las causas para que se cometan los delitos están en el contexto.
Luis Fernando Torres (PSC) solicitó que se incluya en la normativa como una disposición la independencia del juez de garantías. Dijo que debería pensarse en el Libro III como la posibilidad de que exista alguna forma de privatización de las cárceles. Puso el ejemplo de Brasil, en donde sostuvo que se ha incorporado para una mejor administración el sistema de la participación privada.
Andino señaló que el artículo 300, que aborda el pánico económico solo se realiza cuando una persona publica o difunda noticias falsas que causen daño a la economía nacional para beneficiar a un sector que provocó la conmoción económica social y no solo por el mero hecho de opinar e informar.
José López, alterno Mae Montaño (CREO), manifestó que en el Código no se ha definido la situación de los procesados que pueden ingresar por reincidencia. Señaló que en la norma ha definido la situación de los procesados que pueden ingresar por reincidencia.
Virgilio Hernández precisó que con este Código se elimina el sistema de rebajas de penas, «ese mecanismos ha sido abusado, pero no necesariamente el mecanismo, sino la falta de fortaleza del Estado para que el mecanismo se realice en forma adecuada». Coincidió de que puede presentarse un proceso de especialización del hampa cuando hay un sistema prolongado de privación de libertad.
El legislador por Suma, Andrés Páez, precisó que el delito puede terminar con una «política criminal, que pasa por la decisiuón política del Estado en el ejercicio de políticas públicas encaminadas a una finalidad específica». Enfatizó que «si no hay recursos con medidas de salubridad y seguridad y que cumplan un objetivo especifico todo lo que se vota quedará en letra muerta al igual al código vigente de 1982».
