El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, convocó a los asambleístas para este jueves 7 de octubre, para trabajar en doble jornada: a las 9H30 y 19H00, a fin de abordar temas relacionados con el informe presentado por la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, correspondiente al pedido del Presidente de la República de aprobar el Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano-Peruano; así como la continuación del primer debate del proyecto de Ley de Código de Planificación y Finanzas Públicas. También se hará un análisis de los hechos acontecidos el 30 de septiembre pasado.
En la sesión 63 convocada para las 9H30 se está analizando una resolución en torno a los hechos acontecidos el jueves de la semana pasada. De inmediato se estudiará el instrumento internacional que tiene por objetivo facilitar la regularización migratoria y la permanencia de los flujos migratorios entre Ecuador y Perú, con miras a eliminar la migración irregular. Fue suscrito en la ciudad de Machala el 25 de octubre de 2008.
La Comisión de Soberanía, en su informe, señala que el Estatuto constituye un avance y reconoce los derechos humanos fundamentales, fomentando la integración en concordancia con lo que mandan los principios constitucionales contemplados en el artículo 416, numerales 6, 7 y 11 que proclaman la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta, el progresivo fin de la condición de extranjero, por tanto recomienda al Pleno la aprobación del instrumento internacional, su adenda de enmiendas y las notas reversales.
Mientras que en la sesión prevista para las 19H00, el Pleno continuará el primer debate del proyecto de Código de Planificación y Finanzas Públicas, enviado por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica.
La propuesta constituye un instrumento jurídico para la planificación y se estructura en función de tres ejes: el régimen del desarrollo, la garantía de los derechos del buen vivir y el nuevo modelo de Estado. Se destaca como principal desafío el devolver la rectoría del ámbito de la planificación al Estado.
