El Pleno de la Asamblea, con 71 votos de 124 asambleístas presentes, no aceptó el pedido de autorización para iniciar el enjuiciamiento penal del asambleísta Galo Lara Yépez, que fuera presentado mediante oficio No. 1779-SSPCNJ-2011, de 10 de noviembre de 2011, suscrito por el doctor Homero Jara, Secretario Relator de la Corte Nacional de Justicia. La querella fue planteada por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado.
Igualmente, con 77 votos , el Pleno de la Asamblea negó el pedido de autorización para el inicio de la causa penal contra Galo Lara, planteado por la Ministra de Inclusión Económica y Social, Ximena Ponce León.
Previo a la resolución de este tema asambleístas de distintas bancadas políticas defendieron el derecho que tienen los legisladores a la inmunidad tomando en cuenta que es una garantía constitucional esencial que les asiste para legislar y fiscalizar, por tanto, no tiene nada que ver con posiciones partidistas y que es propia de su accionar como parlamentarios.
En este marco, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, al iniciar su intervención señaló: “inmunidad sí, impunidad no, como una forma para clarificar que la inmunidad es un derecho que tienen los 124 asambleístas para legislar y fiscalizar, pero que no tiene que ser mal usada o abusivamente, es decir, hacer un control político sin adjetivaciones o insultos que atenten contra la honra de cualquier persona.
Recordó que la Carta de San José, de la Convención de los Derechos Humanos, es clara en defender los derechos de las personas, pero no puede ser un refugio para atentar contra la dignidad y la honra de las personas. Eso es impropio y se enmarca en la impunidad, ya que la honra no se puede vulnerar de la noche a la mañana, precisó el titular de la Legislatura.
Por último, Fernando Cordero suspendió la sesión 139 del Pleno para el próximo martes a las 11:00, en la que se tratará en primer debate el proyecto de Ley de Protección del Cóndor Andino y otras especies; así como el proyecto de resolución para que se mantenga el subsidio para el combustible aéreo en la provincia de Galápagos.
