Luego de un acalorado debate, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió dar su respaldo «irrestricto» al pronunciamiento oficial del Gobierno, que declara a la embajadora de EE.UU. Heather Hodges como persona non grata para Ecuador.
Un total de 57 legisladores dieron su voto afirmativo. El texto resolutivo considera la acción como «de legítima defensa a la soberanía nacional, misma que se enmarca dentro de una política internacional basada en los principios de autodeterminación y soberanía de los pueblos, frente a las inadecuadas expresiones de la diplomática, aparecidas en cables difundidos por medios de comunicación internacionales».
Además, manifiesta «el profundo desacuerdo con las inadecuadas declaraciones de la ex embajadora norteamericana, quien ha afirmado que el Presidente de la República conocía de actos de corrupción en filas de la Policía Nacional, en particular del ex comandante general de la institución, coronel Jaime Hurtado Vaca, y que, según el citado cable, habría sido cómplice, encubridor y beneficiario político de dicha corrupción».
Rechaza, también, «toda infiltración o participación de organismos oficiales y no oficiales que pertenezcan o reciban orientaciones de gobiernos extranjeros en las instituciones del Estado ecuatoriano, con fines de injerencia y/o espionaje o para influir indebidamente en la toma de decisiones soberanas por parte de sus instituciones».
A la vez, la resolución reconoce que «la lucha contra la corrupción existente en algunos niveles de la institución policial, llevada a cabo por el Gobierno de Ecuador, no tiene precedentes y, en consecuencia, es claro que las insinuaciones y afirmaciones contenidas en el cable de la Embajada demuestran una intromisión en los asuntos internos de nuestro país».
De igual manera, solicita a los organismos estatales de control y de justicia, como la Contraloría, la Fiscalía, investigar los hechos mencionados en el cable secreto Nº 572, identificado con el ID 216141, del 10 de julio del 2009, referidos a presuntos hechos de corrupción de exautoridades de la Policía, de lo cual mantendrá informada a la Asamblea.
