La declaratoria del estado de excepción en la Función Judicial del Ecuador generó la reacción de sectores de la oposición, que hoy han amenazado con plantear la destitución del presidente Rafael Correa y del titular del Consejo de la Judicatura de transición, Paulo Rodríguez.
Correa firmó el decreto declarando el estado de excepción por pedido de Rodríguez, debido al estado actual del sistema de justicia. La medida, entre otras cosas, permitirá movilizar recursos para mejorar los sistemas informáticos e implementar al menos unas mil judicaturas requeridas por la Función Judicial y decenas de contrataciones urgentes.
El asambleísta de derecha, Enrique Herrería, dijo que conversará con los jefes de bancada en el Legislativo para plantear la destitución de Correa, a quien acusa de violentar la Constitución y la Ley de la Función Judicial por intervenir en otra función del estado.
“Estoy conversando, estoy dándoles las razones para convencerlos de la procedencia de esta solicitud”, manifestó Herrería.
César Rodríguez, quien llegó a la Asamblea por el oficialismo y ahora actúa de forma independiente, anunció que promoverá la destitución del presidente de la Judicatura y la revocatoria del estado de excepción, pues a su criterio no se justifica constitucionalmente.
No obstante, las propuestas de la oposición no son aceptadas por sus colegas. María Paula Romo, disidente del oficialismo –pese a no estar de acuerdo con la decisión de Correa- consideró la propuesta del asambleísta de derecha como una exageración.
“Parte de hacer oposición, es hacer oposición razonable. Cuando uno pone estas exageraciones evidentemente ya no quedan opciones. Me parece exagerado que el presidente decrete la emergencia, y me parece totalmente exagerado que por eso se lo pretenda destituir”, expresó.
Gastón Gagliardo, del oficialista Alianza PAIS, justificó la declaratoria basado en la crítica situación en la que se encuentra el sistema de justicia. Dijo que el pueblo votó en el pasado referéndum para que haya cambios en la Función Judicial.
