Tras la sentencia del Segundo Tribunal Penal de Pichincha, presidido por el juez Renato Vásquez, que encontró al ex jefe de la Escolta Legislativa, Rolando Tapia, culpable por atentado contra la seguridad del Estado e impedir que los legisladores sesionen en el Pleno de la Asamblea Nacional, el 30 de septiembre pasado, una de las asambleístas y agredidas considera que este es un paso más a favor de la verdad y la justicia.
“Que la justicia brille y la impunidad no sea la que siga operando en los hechos del 30 de septiembre”, dijo, y añadió que espera que en esta nueva etapa del proceso, los demás involucrados, también sean sancionados.
Manifestó además que aspira que la condena que se imponga sea acorde con la gravedad de los hechos relacionados con el claro intento de golpe de Estado y magnicidio contra el Presidente de la República, Rafael Correa, ocurrido la mencionada fecha.
Pese a que tanto la Escolta Legislativa como la Policía Nacional tienen como tarea ineludible defender y garantizar la seguridad de los asambleístas, el mencionado día, algunos de ellos se vieron violentados en forma cobarde.
Las filmaciones muestran que este fallido intento por derrocar al Presidente tuvo varios escenarios. Uno de ellos fue la Asamblea Nacional, donde los asambleístas de Alianza País no pudieron ingresar al recinto legislativo, por la acción violenta de la Escolta Legislativa, entonces comandada por el coronel de Policía, Rolando Tapia.
Una de las legisladoras agredidas fue Marisol Peñafiel, quien ese día fue atacada con gas lacrimógeno al punto de perder el conocimiento, mientras intentaba ingresar a su lugar de trabajo.
En una entrevista con El Ciudadano, Peñafiel expresó su deseo de que siga aplicando la justicia, ya que “de ninguna manera buscábamos venganza, lo único que buscábamos que la justicia se imponga y la impunidad no siga brillando en el país”.
