El debate en la Asamblea Nacional continúa con la participación de asambleístas de oposición y oficialistas. Entre las intervenciones hay coincidencias, sobre todo, en la adecuada distribución del espectro radioeléctrico.
Una de las sorpresas de la mañana fue cuando el asambleísta Pedro de la Cruz, habló la mitad de su intervención en quichua, a fin de proporcionar información a los pueblos y nacionalidades sobre las bondades de la propuesta de la Ley de Comunicación. “La libertad de comunicación debe ser para todos los ecuatorianos (…). Por eso digo, sí a la libertad de expresión, pero que esa libertad sea democrática, sea intercultural y no una libertad para unos pocos”.
El asambleísta recordó que la desinformación de un sector de los medios de comunicación llevó a engañar a la gente sobre el feriado bancario de 1999. Ensalzó la iniciativa de dar mayor espacio a los medios comunitarios. “Cuando los gobiernos se acuerdan de los pobres, dicen que hay dictadura, cuando este Gobierno ha dado a la gente la posibilidad de decidir en las urnas, como nunca. Dar voz a los más pobres, a los pueblos, que sea una democracia participativa, eso es dictadura”, se quejó con relación a la posición de ciertos representantes de la oposición.
De la Cruz dijo que le asombra que grupos llamados de izquierda estén defendiendo a los medios privados. En su alocución recordó que fue injuriado en Radio Democracia por parte de un pseudo dirigente indígena y no tuvo oportunidad del derecho a la réplica.
En el marco del segundo debate de la Ley de Comunicación, la asambleísta de Alianza PAíS, Paola Pabón, sostuvo que el verdadero debate está enmarcado en los intereses empresariales que se mueven alrededor de la comunicación y que el discurso se ha reducido al tema de la libertad de expresión. “¿No será acaso, que la concentración de las frecuencias también son un mecanismo para atentar contra la libertad de expresión?”, cuestionó la legisladora, tras argumentar que el 83% de frecuencias de televisión y el 89% de radio se encuentran en “manos privadas”; y, tan solo un 0,3% en sectores comunitarios.
La asambleísta sustentó que esta legislatura posee el potencial para impulsar procesos comunitarios de comunicación, en igualdad de condiciones. “Porque donde no llegan los grandes medios, también hay personas que quieren expresar su propia voz”, dijo.
Por su parte, la asambleísta Silvia Salgado recordó que esta no es una ley de medios, sino de comunicación, que debe garantizar derechos ciudadanos. Comentó que se ha evidenciado el poder mediático de los grandes medios. Así el 83% de las frecuencias en el espectro radioeléctrico están en manos de propiedad privada dedicadas a fines de lucro y comercial, el 13% concedidas a diversas religiones. Y el 3% lo comparten medios públicos y organizaciones comunitarias.
