Asambleístas que no acaten el mandato popular corren riesgo de destitución y juicio penal

Los asambleístas ecuatorianos que bloqueen la aprobación de las leyes, de cumplimiento obligatorio, respaldadas por los ciudadanos en la consulta popular del pasado 7 de mayo, se enfrentan al riesgo de ser destituidos e incluso enjuiciados penalmente.
El asambleísta del movimiento oficialista Alianza PAIS, Rolando Panchana, dijo que la Asamblea tiene la obligación de expedir las leyes de comunicación, la penalización por la no afiliación al Seguro Social y al enriquecimiento privado no justificado. Y advirtió que “si no logramos eso caeríamos en desacato de la voluntad popular. Cualquiera podría iniciar una acción constitucional y argumentar que la Asamblea cae en desacato y ahí sí todos nos vamos a la casa”.
El constitucionalista Jacinto Velásquez mencionó que si bien la figura de destitución por desacato no consta en la Constitución, los asambleístas que se opongan o entorpezcan la aprobación de las leyes ordenadas en la consulta podrían ser enjuiciados penalmente por atentar contra el régimen constituido y es la Fiscalía la que debe actuar de oficio o impulsada por la denuncia de cualquier ciudadano.
Velásquez no cree que los opositores vayan a bloquear la aprobación de las leyes de la consulta, aunque sostiene que si eso ocurriera recibirían una sanción moral y política. “Esa gente quedaría marcada y perderían todo lo que tienen como capital político”.
La consulta que contenía diez preguntas relativas a seguridad, justicia, regulación de los medios, entre otras, fue aprobada por una diferencia de un millón de votos en el tema más votado y de doscientos mil votos la de menor diferencia.
La oposición al régimen desconoció el triunfo de Correa argumentando que los votos nulos (viciados) y blancos debían ser sumados a los de las personas que no apoyaron la propuesta gubernamental.
Velázquez dijo que esta opción no consta en la normativa del Consejo Nacional Electoral (CNE), la cual conocían todos los actores políticos antes de la consulta. La normativa del CNE señala que son considerados como válidos los votos a favor y en contra.