La audiencia de juzgamiento en contra del oficial de policía Francisco Guzmán, presunto responsable de la muerte del estudiante universitario Juan Pablo Bolaños, durante la revuelta del 30 de septiembre del 2010, se instaló ayer por cerca de dos horas, pero luego fue suspendida para el lunes 5 de agosto a las 08:20.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Primero de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) encabezada por el juez Guillermo Durán, en consideración al pedido realizado por José Moreno, abogado defensor del acusado y para superar un incidente judicial que se generó durante la audiencia por la tipificación del delito.
En la diligencia, la fiscal del caso, Paola Gallardo, en su argumentación pidió a los jueces del Tribunal Primero de lo Penal que consideren un cambio de la figura penal, con la cual se acusa al policía Francisco Guzmán. Según la representante del Ministerio Público, el uniformado debe ser juzgado por homicidio simple y no por homicidio inintencional.
El cambio de la figura penal representa una posible mayor sanción al uniformado ya que el agravante sería «dolo», lo cual fue rechazado por el defensa quien afirmó que desde el inicio del proceso la acusación era homicidio inintencional y por lo tanto el agravante era «culpa».
«Yo preparé mi defensa por culpa, por homicidio inintencional, entonces no pueden cambiar de un momento a otro», dijo, José Moreno, al señalar que el mes que solicitó de suspensión le permitirá preparar sus alegatos.
Durante la audiencia, Moreno pidió la nulidad del proceso, por pretender cambiar la figura Penal e inclusive amenazó con declararse en rebeldía constitucional junto a su defendido, si es que se acepta el pedido de la Fiscalía, ante lo cual el Juez Durán, precisó que no se ha aceptado nada y que la petición será resuelta en sentencia. Superado el incidente, se fijó la fecha para la reanudación de la audiencia.
El fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, quien estuvo presente en la diligencia, recalcó la importancia de acompañar a todos los procesos relacionados al 30-S. «Es un tema muy importante porque es un hecho de la muerte de un ciudadano ecuatoriano, de un ciudadano civil y, por lo tanto, la Fiscalía está comprometida con esclarecer este caso y vamos a tener la audiencia respectiva», dijo.
Para esta audiencia han sido convocados más de 200 testigos y peritos, que serán llamados a declarar por grupos, según lo requiera la Fiscalía. La investigación duró ocho meses y para emitir su dictamen, la fiscal sostuvo que se analizaron 560 armas de fuego, las cuales fueron sometidas a exámenes técnico balísticos que arrojaron resultados sobre la presunta participación del acusado.
