El Tribunal Supremo español fijó para el 1 de mayo de 2021 la fecha de cumplimiento de los 11 años de inhabilitación como juez impuestos a Baltasar Garzón, aceptando el recurso interpuesto por el exmagistrado.
La condena le fue impuesta por intervenir conversaciones en prisión entre imputados y abogados del caso «Gürtel», una red de presunta corrupción que afectó a cargos políticos del Partido Popular (PP).
Cuando se ejecutó la condena, el Supremo calculó que la inhabilitación se prolongaría hasta el 3 de abril de 2022, pero Garzón recurrió, al constatar que, para hacer ese cómputo, el Alto Tribunal no tuvo en cuenta el tiempo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces españoles, le mantuvo suspendido de forma cautelar por otro caso.
La suspensión se produjo cuando el Supremo le abrió una investigación por un delito de presunta prevaricación en la instrucción abierta por el juez sobre los crímenes y desapariciones durante la guerra civil y el franquismo, causa por la que finalmente resultó absuelto.
Con la admisión de este recurso el Alto Tribunal ha computado el tiempo que el magistrado estuvo suspendido cautelarmente por este caso.
El Supremo consideró que el recurso de súplica de Garzón «debe prosperar, pues en la liquidación de condena de once años de inhabilitación», que le fue impuesta el 9 de febrero pasado, «se omitió el tiempo que estuvo suspendido provisionalmente».
El pasado 9 de febrero, el Supremo condenó a Garzón al considerar que, al ordenar la grabación de las conversaciones de implicados en la trama «Gürtel» con sus abogados, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión «sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable».
Dicha condena a 11 años de inhabilitación supuso la «pérdida definitiva» de la condición de juez del hasta entonces titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional española.
Su defensa del principio de la Justicia universal le llevó de la misma manera a procesar al ex militar argentino Adolfo Scilingo, quien fue condenado en España a una pena de cárcel de más de mil años por delitos de lesa humanidad y detención ilegal durante la dictadura en ese país.
Tras su inhabilitación como juez en España creó un bufete de abogados que, entre otros casos, trabaja en la defensa a Julian Assange, fundador de Wikileaks.
Es además miembro del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, consultor externo en la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de apoyo al proceso de paz en Colombia y presidente de una comisión internacional que supervisa la reforma del sistema judicial de Ecuador.
