El exjuez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, quien representa a los familiares de la funcionaria dominicana Rosalina Ynoa, fallecida en el accidente de tren de Santiago de Compostela, ha pedido un informe independiente sobre dicho siniestro.
La oficina de Garzón informó hoy que solicitó al juzgado que investiga el suceso que nombre a peritos judiciales independientes para que emitan un informe sobre el siniestro.
El exjuez presentó ante un Juzgado de Instrucción de Santiago de Compostela (noroeste de España) una solicitud de diligencias de prueba en la que considera «importante» el nombramiento de uno o varios peritos judiciales para que emitan un informe sobre la infraestructura, las instalaciones de seguridad, determinadas características de los materiales y otros aspectos técnicos.
El despacho precisa que estos peritos no deben tener ni haber tenido relación de dependencia con la Administración central o de la región autonómica de Galicia, «ni con ninguna de las entidades afectadas».
Además, Garzón solicitó que el Ministerio español de Fomento facilite una serie de estudios técnicos sobre la planificación y construcción del trazado de la vía en la que se produjo el accidente, así como información sobre las razones por las que se decidió no instalar el sistema ERTMS en el tramo de vía donde ocurrió el siniestro.
También quiere tener acceso a los informes técnicos conforme a los que se establecen las velocidades autorizadas y los criterios que las justifican, y que constan en el libro de horarios y cuadro de velocidades de la línea Madrid-La Coruña.
Junto a estos datos, la oficina de Baltasar Garzón solicita los protocolos de seguridad y las incidencias producidas en ciertos tramos de la línea de tren que cubre el recorrido desde Orense a Santiago de Compostela (Galicia), así como los protocolos de uso de los teléfonos corporativos durante la conducción y el de personal en cabina.
Asimismo, el representante de la familia de Rosalina Ynoa consideran «de especial interés» consultar el acta o actas de los Consejos de Administración en los que se acuerdan las medidas de seguridad en relación con la explotación, administración o uso de dicha línea férrea.
