Los representantes de la banca privada pidieron a la Comisión de Régimen Económico y Tributario que archive el proyecto de ley de Redistribución del Gasto Social enviado por el presidente Rafael Correa. Con este proyecto se pretende financiar el alza del bono de desarrollo humano, de $ 35 a $50, con las utilidades del sector.
Los líderes gremiales aseguraron que la ley afectará a los depositantes y al sistema financiero del país indicando que es un inconveniente para el desarrollo económico de Ecuador. Además plantearon que se limitaría el crecimiento del crédito y acusaron al proyecto de «discriminatorio».
César Robalino, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados; Joaquín Morillo, director ejecutivo de Produbanco; Mario Prado, asesor jurídico de la Asociación de Bancos Privados; Eduardo Cargminiani, asistente jurídico de la Asociación de Bancos Privados, y Javier Vaca, director de la Red Financiera Rural; asistieron a la reunión.
El retraso de una hora de Francisco Velasco, presidente de la Comisión y otros asambleístas, ocasionó que Robalino y sus compañeros decidieran marcharse. En el camino se toparon con Velasco, quien pidió muy comedidamente a Robalino que deponga su decisión., pero el presidente ejecutivo de la Asociación de la Bancos Privados de manera enérgica reiteró su postura, pero aclaró que la iniciativa legal es peligrosa.
Tras un breve diálogo, los banqueros se quedaron y la sesión inició a las 10:05. Robalino se autoproclamó representante de los 7 millones de depositantes, quienes han confiado al sistema bancario 20 mil millones de dólares.
Morillo afirmó que la banca ecuatoriana ha crecido y es solvente, pero justificó que es imposible otorgar créditos a los depositantes sin que haya un patrimonio que lo sostenga (en referencia a las utilidades). Mencionó que el año anterior la banca ecuatoriana se capitalizó con 282 millones de dólares y que por concepto de tributos se pagaron 309 millones de dólares.
En el área legal, César Carmigniani habló del sigilo bancario y de la regulación del sueldo de los ejecutivos. “No existe ya sigilo bancario en el Servicio de Rentas Internas (SRI). Lo cierto es que en los hechos el SRI viola el artículo 106. Quiero pedir a la comisión que tome en cuenta el sigilo bancario y por ello cómo quedaría la situación de las subsidiarias en el exterior”.
Con un tono más bajo Javier Vaca, representante de las 44 organizaciones de microfinanzas, defendió el aumento del bono porque desarrollará la capacidad productiva. El grupo de Vaca tiene una cartera de crédito de 1.129 millones de dólares y representan el 77% de la banca privada.
Luego fue el turno de Carlos Marx Carrasco, director del SRI y Patricio Rivera, ministro de Finanzas. Ellos explicaron el proyecto y apoyaron la aprobación del mismo. Ambos reiteraron que no se afectará la estabilidad financiera de la banca porque ésta es solvente.
Aclararon que el alza del bono de desarrollo humano fue pensado y realizado desde una visión técnica por parte del Estado ecuatoriano.
