Benjamín Cevallos, titular del Consejo de la Judicatura (CJ), no compareció esta mañana ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que tramita un juicio político en contra del organismo judicial.
Cevallos, a través de comunicación escrita, se excusó e impugnó la sustanciación de la solicitud de juicio político argumentando que se ha limitado su derecho a la defensa.
De igual manera, Hernán Jaramillo Ordóñez remitió una carta en la que indicó que en la Unidad de Gestión Documental presentó este miércoles la prueba de descargo y que prefiere rendir su versión verbal ante el Pleno de la Asamblea Nacional.
Quien si acudió al llamado de la Comisión fue el vocal Ulpiano Salazar. Este defendió su gestión en cuanto a los procesos de evaluación de los servidores judiciales.
El vocal precisó que en un período de cinco años se sancionó con la destitución a 477 servidores judiciales; con suspensión temporal sin goce de remuneración a 277 empleados; con multas a 818; y, amonestación escrita a 586, entre estos jueces de corte nacional, de primera instancia, notarios, registradores de la propiedad, entre otros.
No obstante, Salazar responsabilizó a la mayoría del CJ de haber cerrado el paso a la presencia activa de los veedores ciudadanos designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que conozcan el desenvolvimiento y funcionamiento de la entidad, acorde al mandato de la norma constitucional y el Código Orgánico de la Función Judicial.
