Los manifestantes en Brasil, que exigen mejores servicios públicos y penas más duras para los políticos corruptos, entre otras cosas, obtuvieron dos nuevas victorias que se suman a la derogación, la semana anterior, del alza de transporte público.
El Senado de Brasil aprobó un proyecto de reforma del Código Penal que califica la corrupción como «crimen hediondo», es decir, con la misma gravedad que un asesinato o una violación, y que endurecería las penas. Además, la Corte Suprema dictó prisión inmediata por primera vez para un legislador en funciones, condenado por desvío de fondos públicos.
La decisión debe ser ratificada por la Cámara de Diputados, donde ya han adelantado que no encontrará obstáculos para la aprobación del texto, pero si lo modifican, debe volver al Senado.
Según los especialistas, se califica como «delitos hediondos» a aquellos considerados de alto potencial ofensivo a la sociedad y «de gravedad acentuada». Dentro del proyecto que salió del Senado se incluye también el delito de extorsión, es decir, de recepción de dinero por el funcionario público a cambio de otorgar ventajas.
Con la nueva ley, los sentenciados por corrupción tendrán penas que pueden llegar a los 12 años de cárcel. Pierden también el derecho a la amnistía, indulto y pago de fianza para dejar la cárcel y los condenados tendrán mayores dificultades para obtener la libertad condicional.
El proyecto fue aprobado 48 horas después de que la presidenta brasileña Dilma Rousseff manifestara su deseo de que el texto, que dormía en el Congreso desde 2011, fuera adoptado rápidamente. El Senado dio su visto bueno el miércoles, durante el partido entre Brasil-Uruguay y la aprobación se dio en una votación simbólica, dado el grado de aceptación del proyecto.
El presidente del Senado, Renán Calheiros, del Partido del Movimiento Democrático, declaró que ese cuerpo iría a tratar «una agenda positiva», destinada a atender las reivindicaciones que surgían de las manifestaciones. El senador Álvaro Días, relator del proyecto, incluyó dentro del «delito hediondo» a la malversación de fondos públicos, publicó el diario El Clarín.
En tanto, la Corte Suprema ordenó la prisión inmediata para el diputado Natan Donadon por desvío de fondos públicos, adoptando esta decisión por primera vez para un legislador en funciones desde que fue aprobada la Constitución de 1988.
Asimismo, Rousseff afina con el Congreso los detalles de un plebiscito, para hacer una reforma política que debería entrar en vigencia para las elecciones presidenciales de octubre de 2014, sin recurrir -por ahora- a una Asamblea Constituyente por falta de tiempo.
La presidenta de Brasil tenía programado reunirse ayer con líderes políticos para negociar los pormenores de dicho plebiscito.
