La Comisión de Biodiversidad, presidida por la asambleísta Rosana Alvarado, inició el trámite del proyecto de reformas a la Ley de Minería, de iniciativa del asambleísta Cléver Jiménez, una vez que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó dicha iniciativa y la remitió a este organismo legislativo.
De esta manera, se abre el proceso de sociabilización con la ciudadanía. La comisión tiene plazo de 45 días para presentar el informe previo al primer debate.
El proyecto, que contiene 103 artículos y una disposición final, tiene por objetivo garantizar el ejercicio de la potestad soberana del Estado para administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos de los recursos minerales y demás recursos geológicos, cualquiera sea su origen y estado físico, bajo los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención, eficiencia, aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales y regeneración de los ciclos vitales de la naturaleza. Se exceptúan de esta Ley los recursos petroleros e hidrocarburíferos.
La normativa determina que el Estado delegará la gestión para el aprovechamiento de los sectores mineros estratégicos a la Empresa Nacional Minera y a las empresas mineras de economía mixta en las cuales tenga mayoría accionaria, empresas de economía popular y solidaria y, de manera excepcional, a la iniciativa privada, para la prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación y comercialización interna o externa de recursos minerales.
El fundamento legal del presente proyecto radica en la correcta aplicación del mandato constitucional sobre la participación del Estado en los beneficios de aprovechamiento de los recursos naturales que no se encuentran claramente regulados, limitando así el derecho de los ecuatorianos a ser los verdaderos partícipes de los réditos que producen la explotación de los recursos naturales, tanto por ser dueños de sus yacimientos, que son parte del patrimonio nacional y del sector estratégico del Estado, cuanto por los impactos ambientales que provoca su explotación, subrayó Cléver Jiménez, al señalar que es imprescindible legislar con sentido nacional, introduciendo auténticas reformas que permitan estructurar mecanismos legales, técnicos, ágiles y oportunos para fortalecer el aprovechamiento, consumo y uso de nuestros recursos naturales y sus beneficios.
Indicó que la Ley de Minería evade la responsabilidad del Estado en cuanto a la adopción de políticas y medidas oportunas para evitar los inminentes impactos ambientales, lo que conlleva implícito, a más de la sanción correspondiente, la obligación del titular minero de restaurar los ecosistemas y resarcir a las personas y comunidades afectadas por la explotación minera.
