En el segundo día de audiencia preparatoria de juicio que se desarrolla en el Juzgado Sexto de Garantías Penales de Pichincha, el fiscal Gustavo Benítez acusó a 13 policías del delito de incitación a la rebelión por medio de la Central de Radio Patrulla, en los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010.
La Fiscalía se abstuvo de acusar a cuatro uniformados, por no existir suficientes pruebas en su contra.
Benítez explicó que el 30-S, a través de la operación «patch», los policías que laboraban en la Central, desde Quito habrían enviado mensajes instigadores a los comandos provinciales de Guayas, Esmeraldas, Azuay y Bolívar, «es decir se realizó una interconexión para incitar a los miembros policiales del país», dijo.
La Fiscalía sustentó su acusación en informes, pericias de audio, video y afines, cotejamiento de voces, versiones de los agentes del Cuerpo de Bomberos, grabaciones de los mensajes emitidos a través de radios handy y teléfonos celulares, entre otros.
El delito de incitación a la rebelión está tipificado en el Art. 146 inciso segundo del Código Penal. La sanción establecida es de 3 a 6 años, si solo se produjeron lesiones, es decir eso cabe para cuatro de los acusados, quienes trabajaron en el turno de la mañana.
Para quienes laboraron en la tarde (13 policías) la pena podría ir de 6 a 9 años, puesto que se produjeron muertes.
Al final de la audiencia preparatoria de juicio y de sustentación de dictamen, el juez Franz Valverde decidirá si acoge el pedido fiscal y llama a juicio.
