El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) presentó ayer tres videos en los que aparece el refugiado colombiano E.A. entregando sendos billetes a uniformados de la Policía Metropolitana, durante la última audiencia desarrollada en la Defensoría del Pueblo de Guayas debido a denuncias por presuntos actos de corrupción de los uniformados.
E.A., que aparenta 50 años de edad, vende artículos, como prendas de vestir y pequeños juguetes, en el casco comercial de la urbe. Pero para hacerlo ha tenido muchas experiencias desagradables con los funcionarios municipales. Precisamente, en 2006 la guardia cantonal lo detuvo varias horas solo por laborar en la calle. Luego de vejaciones lo amenazaron: «Lárgate de aquí, vete de aquí a hacer lo que quieras… son varias de las cosas que he tenido que vivir aquí».
El último acontecimiento, que colmó su paciencia, es la extorsión. El ciudadano denunció que desde hace varios meses policías metropolitanos le exigen una tasa de 1 dólar por cada agente presente en la zona, llegando a cancelar hasta 5 dólares diarios. «Si no tenía como darles, me tenía que ir a mi casa», relató el colombiano.
Durante la audiencia de ayer, realizada desde las 10:00, Julián Pérez, abogado del Servicio Jesuita para refugiados y representante de E.A., apeló a normativas nacionales como la Constitución y a tratados internacionales como el Pacto de Derechos económicos, sociales y culturales para defender el derecho al trabajo en sus distintas expresiones.
«Nosotros consideramos que existe una política dentro del Municipio que es atentatoria contra el derecho al trabajo… la ordenanza prohíbe en su artículo 6.2.4 la venta ambulante y todo tipo de comercio informal, es del año 2006 y está vigente», detalló Pérez.
En la exposición de la parte demandante, también se hizo referencia a la situación económica que viven las personas refugiadas en Guayaquil.
«Aproximadamente el 90% se dedica al trabajo informal, es un dato que nace de la realidad», señaló Diego Bastidas, oficial de Protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Guayaquil basándose en el estudio de la Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales titulado «No se puede ser refugiado para siempre» para realizar tal aseveración.
Luis Sánchez, abogado de la Defensoría del Pueblo, aseguró que la resolución de dicha institución sobre la denuncia que el vendedor ambulante E.A. interpuso ante la institución, estaría lista el próximo lunes.
Los representantes del Municipio y de los uniformados, acusados por E.A, apelaron a las ordenanzas municipales y al orden de la ciudad. Aseguraron que E.A. puede acercarse al Municipio para obtener un permiso que le permita vender en los mercados municipales.
