La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, socializó el proyecto de Código de la Producción y se destacó el impacto que tendrá el mismo y los beneficios.
Eduardo Peña, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y Bernardo Acosta, representante de la Cámara de Industrias, reconocieron que la propuesta gubernamental tiene aspectos positivos para el progreso nacional, sin embargo, plantearon que se elimine el impuesto a la salida de divisas y el cobro del impuesto mínimo, además que el pago del impuesto a la renta sea al final del año y no en el transcurso del camino.
Manifestaron que las medidas descritas son una mala señal para atraer las inversiones, a la vez de sugerir que se establezcan incentivos fiscales para que la empresa privada genere mayor productividad y empleo, tratando de incorporar a los comerciantes informales al comercio formal, considerando que son una gran mayoría y perciben menos del salario básico.
Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas, explicó que el Código tendrá un impacto en la economía de más de 379 millones de dólares en el primer año que esté en vigencia.
Y señaló que no es procedente eliminar los impuestos a la salida de capitales y el impuesto mínimo, ya que atentaría a la estabilidad y sustentabilidad fiscal que ha desarrollado el régimen, para consolidar el principio constitucional del buen vivir de la sociedad ecuatoriana.
Pablo Serrano, de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Libres Sindicales (Ceosl), aseveró que se pretende fomentar la precarización en una especie de tercerización camuflada de empleo y que la unificación de los décimos y otras compensaciones en el salario digno vulnerarían la estabilidad y conquistas laborales, consagradas en la Constitución.
En respuesta, Mauricio Peña, del Ministerio de la Producción, aseveró que los trabajadores continuarán cobrando normalmente los décimos tercero y cuarto sueldos, al tiempo de indicar que el proyecto crea la figura de la contratación temporal especialmente en el área del turismo, para los que se ha fijado un pago adicional del 35% del sueldo básico unificado y se garantiza el reconocimiento pleno de la afiliación al seguro social y otros beneficios laborales.
