Tras las conversaciones que tuvo con varios alcaldes, prefectos y representantes de gobiernos seccionales alrededor del Código de la Producción, la ministra Coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad, Nathalie Cely, explicó que se trata de mecanismos de estimulación a la producción y no una intervención estatal sobre las empresas privadas.
Los representantes de Municipios y Consejos Provinciales expresaron las necesidades particulares de sus áreas de influencia y se aclaró con mucha precisión el ámbito positivo de influencia del Código de la Producción, sobre todo para los Gobiernos Provinciales, organismos a los que se les ha entregado la responsabilidad de la planificación de sus divisiones administrativas.
Manifestó, en este sentido, que el Código es fundamental para la transformación productiva y es el resultado de varios meses de diálogo mantenido con los sectores involucrados del país, tomando en cuenta que existirían pocos días para ser discutido en la Asamblea, proceso que se efectuará máximo hasta el próximo jueves 21 de este mes.
Dijo además que se sigue debatiendo y trabajando sobre este tema, “El día de hoy hemos tenido un diálogo con asambleístas, alcaldes y esperamos tener acercamientos con la bancada de País y con todas las tiendas políticas iremos incentivando los diálogos”, subrayó.
En este conversatorio que forma parte de una veintena de encuentros de socialización del Código de la Producción, se aclaró que los incentivos generales para toda la producción que se plantean en el proyecto no son subsidios.
Los incentivos más grandes, según explicó la ministra, son la deducción de tres puntos en el Impuesto a la Renta, la eliminación del Impuesto de Salida de Capitales para temas de amortización de deuda y financiamiento, deducciones a los procesos que sean eficientes en energía renovable y otros más de orden territorial.
Acerca del Salario Digno, la ministra explicó que el Gobierno Nacional está buscando una solución para que sea esa la meta, mediante una economía de mayor crecimiento. “El Gobierno no está renunciando a este principio constitucional”, dijo, al tiempo de aclarar que el Estado no está para suplantar la empresa privada, sino para regularla y fomentarla, buscando llegar al empleo de calidad para las familias ecuatorianas.
