El Pleno del Consejo de Educación Superior aprobó por unanimidad el informe en el que se propone la intervención integral de la Universidad de Guayaquil y con ello la creación de la Comisión de Intervención.
En dicho informe se revela cientos de irregularidades a nivel administrativo y financiero, entre las que figuran el cobro de programas de postgrados que no estaban en vigencia y la violación del derecho a la gratuidad en varias facultades por pagos de cursos y programas; además se detalla el incumplimiento del principio de cogobierno durante casi tres años.
Según escribió en su cuenta de twitter Enrique Santos, miembro del CES, la intervención no es una sanción sino una medida cautelar y provisional orientada al fortalecimiento de la Universidad de Guayaquil.
En la sesión se nombró al Mgs. Jorge Kalil B. como presidente de comisión interventora y de fortalecimiento institucional, integrada también por Lobelia Cisneros, Luis Carmenate, Sybil Reyes y Julio Rodríguez. La intervención duraría un año con opción de prórroga, máximo un año más. Se aclaró que la medida no implica bajo ninguna forma el cierre de la universidad ni el cese de actividades normales.
Durante la sesión el secretario de Educación Superior, René Ramírez recalcó que la intervención debe apoyar el fortalecimiento académico de la Universidad de Guayaquil.
