Los condenados son dos oficiales retirados del Ejército, un prefecto retirado de la Policía de Investigaciones y dos miembros de la cúpula dirigente de la Colonia Dignidad. Según testimonios de supervivientes, ese lugar fue utilizada por la dictadura como centro de torturas de opositores al régimen militar.
Se trata del general retirado Manuel Contreras Sepúlveda, exjefe de la DINA, quien fue condenado a 10 años y un día de prisión, aunque éste acumula penas por 250 años de cárcel tras estar involucrado en numerosos casos de violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, otorgaron 10 años de cárcel al coronel retirado Carlos López Tapia, mientras el exprefecto Juan Fieldhouse y los dirigentes de la Colonia Dignidad Gerard Mücke y Johan Van der Berg fueron condenados a cinco años y un día de prisión en calidad de cómplices.
El fallo condenó al Fisco de Chile y a los condenados a pagar solidariamente 90 millones de pesos (unos USD 183 700) a los familiares de cada una de las víctimas, como indemnización de perjuicios.
El exoficial nazi Paul Schaefer, fundador en 1961 y líder del enclave, también estaba procesado en la causa pero murió en prisión en 2010, cuando cumplía condena por abusos sexuales contra menores, por lo que su caso fue sobreseído.
Las víctimas fueron Juan Maino Canales, Antonio Elizondo Ormaechea y su esposa Elizabeth Rekas Urra, quien se encontraba embarazada cuando fueron detenidos en Santiago el 26 de mayo de 1976. Estos pertenecían al opositor Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU).
De acuerdo con el expediente del juicio, las tres personas fueron capturadas por los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y trasladados primero a la Villa Grimaldi, un centro de torturas que funcionaba en Santiago.
Además se apropiaron de dos vehículos pertenecientes a las víctimas, que fueron vistos posteriormente en la Colonia Dignidad, donde eran utilizados por los amigos de Schaefer. Al menos 3 225 personas resultaron muertas o desaparecidas, mientras que 37 055 fueron víctimas de torturas y prisión política.
