El Gobierno chileno informó que durante las protestas estudiantiles registradas ayer, en demanda de una mejor educación pública y gratuita, se registraron más de 800 detenidos a nivel nacional y más de 90 carabineros heridos.
La información la dio a conocer este viernes el ministro vocero de gobierno Andrés Chadwick. «El total de detenidos tras la marcha estudiantil de ayer asciende a 874 personas a nivel nacional» y hay «más de 90 carabineros heridos», dijo Chadwick a la prensa local.
Cientos de estudiantes intentaron durante toda la jornada del jueves marchar por el centro de Santiago y en otras ciudades, pero fueron reprimidos por la policía, que utilizó gases lacrimógenos y carros lanza-agua, luego que el gobierno anunciará la prohibición de esas manifestaciones. «
Los estudiantes que llevan cabo una jornada de movilizaciones desde hace dos meses y mantienen ocupados decenas de recintos educacionales, desafiaron este jueves a la autoridad y, pese a la prohibición de manifestarse, se las ingeniaron para burlar el cerco policial y generar escaramuzas durante todo el día y hasta pasada la medianoche.
Por la noche, la capital chilena revivió «los cacerolazos», una forma de protestar que los chilenos idearon durante la dictadura militar (1973-1990), con el fin de evitar ser detenidos, en apoyo a las demandas de los estudiantes.
Miles de chilenos comenzaron a golpear cacerolas, sartenes, teteras y todo lo que pudiera sonar en respuesta a las peticiones de los jóvenes y a un descontento generalizado por las alzas que se han registrado en este país de 17 millones de habitantes.
Minutos antes del «cacerolazo» un grupo de estudiantes se tomó las dependencias del Canal de televisión Chilevisión, donde estuvieron 40 minutos dando cuenta de sus demandas.
Hoy los estudiantes secundarios, universitarios y profesores, darían una respuesta a una propuesta de 21 puntos que el Gobierno les entregó el pasado lunes con el fin de mejorar la educación en Chile, sin embargo, en lugar de una réplica los jóvenes le dieron al Ejecutivo seis días para presentar una reforma profunda al sistema educacional y que cumpla con todas sus demandas.
