Los representantes de un grupo de tres presos mapuches, que cumplen condena en la cárcel de Angol, a 600 kilómetros al sur de Santiago, anunciaron que prolongarán su huelga de hambre después de que fracasaran las negociaciones con el gobierno de Michelle Bachelet.
Los mapuches, sentenciados a 10 años de prisión por los delitos de robo con homicidio y homicidio frustrado, llevan un mes sin comer, la tercera y cuarta protesta de este tipo para dos de ellos.
Los comuneros reclaman la revisión de sus causas judiciales y el traslado a otro centro penitenciario, además del indulto humanitario a uno de ellos, enfermo de cirrosis hepática.
El grupo denuncia que se produjo una injusticia al ser condenados con mecanismos de la llamada Ley Antiterrorista, una legislación con origen en los años 80 -impulsada por el régimen de Augusto Pinochet-, criticada por organismos de Derechos Humanos y que según Naciones Unidas discrimina a los mapuches.
«En relación a la petición de revisión de causa, nosotros no podemos revisar causa, pero estamos a disposición de hacer un análisis de la Ley Antiterrorista y hacer propuestas. Ninguna de estas situaciones fue aceptada, en esas circunstancias la reunión no tuvo posibilidad de resolver la situación», dijo el ministro de Justicia chileno, José Antonio Gómez.
Como explicó el corresponsal de BBC Mundo en el Cono Sur, Ignacio de los Reyes, en años recientes algunos miembros de la comunidad mapuche del sur del país se han visto envueltos en actos de violencia como parte de una campaña para recuperar tierras cedidas por el Estado en el siglo XIX.
La comunidad, que representa a un 9% de la población chilena, está afectada por altos niveles de pobreza y discriminación, apuntó el corresponsal.
Foto: Cárcel de Angol | Marcelo Cartes/AgenciaUNO