En abril de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que hoy sesionará en Guayaquil para constatar si en Ecuador se respeta la libertad de expresión, de prensa y los demás derechos humanos- legitimó a los promotores del golpe de Estado que intentaron defenestrar al presidente venezolano, Hugo Chávez.
En el momento de darse las acciones en contra del mandatario venezolano la Asociación para la Promoción Social Alternativa, dedicada a la defensa de los derechos humanos, notificó inmediatamente a la CIDH que, en la madrugada del 12 de abril, Chávez fue “secuestrado” por un grupo de militares y sectores civiles.
El argumento de quienes lo mantenían incomunicado en el Fuerte Tiunas, en Caracas, era su supuesta dimisión, una versión que era negada por los familiares y colaboradores cercanos del presidente venezolano.
A la vez, denunciaron la desaparición del presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Taret Willian Saad, por lo que solicitaron medidas cautelares para ambos, advirtiendo que su vida corría peligro.
Sin embargo, en una carta oficial del 13 de abril de 2002, el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago A. Canton, se dirigió a José Rodríguez Iturbe como ministro de Relaciones Exteriores, pese a que fue nombrado por los sectores que promovieron el golpe de Estado.
En tal misiva le solicita acoger las medidas cautelares a favor “del señor Hugo Chávez Frías” y de Willian Saad. Rodríguez Iturbe formaba parte del gobierno de facto, que estaba encabezado por Pedro Carmona Estanga, representante de la organización patronal Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), cuya primera disposición fue disolver varias organizaciones gubernamentales.
Entre ellos estaban el Parlamento, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. A lo que se sumó la destitución de varias autoridades, como los gobernadores, alcaldes y concejales; además de la remoción del fiscal general, el contralor, defensor del pueblo, la salida de los embajadores y misiones permanentes diplomáticas.
También eliminó 48 leyes habilitantes y modificó la Constitución para reinstaurar el nombre de República de Venezuela, quitándole la condición de Bolivariana. El gobierno golpista enfrentó fuertes protestas ciudadanas a favor de Chávez en Caracas y en otras ciudades del país. En estos hechos fallecieron varias personas, hubo decenas de heridos y saqueos en locales comerciales.
El canal del Estado fue sacado del aire y los medios privados apoyaron a quien se declaró al frente de la acción golpista (Carmona), hasta que los simpatizantes chavistas los rodearon y recuperaron el medio público, desde donde se transmitió el juramento del vicepresidente legítimo, Diosdado Cabello, como presidente temporal de Venezuela hasta que Chávez pudiera retomar el poder, lo que ocurrió el 14 de abril de 2002.
Los países, la mayoría, fueron cautelosos y no juzgaron si lo ocurrido había sido o no un golpe de Estado. Sin embargo, Colombia y El Salvador dieron muestras de apoyo al nuevo régimen, mientras que Argentina, Ecuador, México y Cuba rechazaron desde el primer momento el gobierno de facto.
Por otra parte, un sector de la prensa internacional, en cambio, saludó al nuevo presidente, posición que fue cuestionada. Por ejemplo, El País, CNN en Español, el Washington Post publicaron editoriales y noticias en favor del gobierno de Carmona.
Tras el retorno de Chávez, la oposición argumentó que lo ocurrido no fue un golpe de Estado, sino un vacío de poder originado por la declaración del Alto Mando Militar sobre la renuncia del mandatario y de su vicepresidente, y por el desconocimiento a la autoridad de Chávez por parte de algunos oficiales. Pero para el jefe de Estado venezolano, lo ocurrido fue un “golpe mediático” y empresarial.
La CIDH, el 10 de mayo de 2002, emitió un informe preliminar sobre el hecho, tras la visita de una delegación también integrada por Santiago Canton, en el que se aseguró que “la Comisión expresó oportunamente su repudio al golpe de Estado” ya que “nada justifica la ruptura constitucional”.
El documento insistió en “la obligación internacional del Estado (venezolano) de investigar y juzgar a los responsables de los hechos ocurridos entre el 11 y 14 de abril, de conformidad con las reglas del debido proceso, y asegurar que no queden en la impunidad”. También decía que “resulta prioritario el rechazo a toda forma de deliberación de la fuerza pública y la aplicación de los códigos militares y penales que sancionan tales conductas”.
Esa misma CIDH está en Ecuador para constatar el respeto de los derechos humanos, una visita solicitada por el Gobierno Nacional, en marzo, tras conocer que el organismo concedió en febrero pasado las medidas cautelares a favor de los directivos de Diario El Universo, sentenciados por el delito de injurias en contra del presidente Rafael Correa.
Decisión que fue cuestionada por el Estado ecuatoriano, que pidió a la CIDH explicar por qué otorgó, en menos de una semana, un recurso exclusivo cuando los derechos humanos fundamentales están en riesgo.
