Desde su creación en 1959, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantiene su sede en Washington, EEUU. Periódicamente, el organismo inspecciona los estados de derechos en los que se encuentren los países miembros de la Comisión. El Estado ecuatoriano ha garantizado en su Constitución respetar los tratados internacionales, entre ellos los del Pacto de San José. Sin embargo, el pasado lunes quedó demostrado que existen disconformidades por parte del gobierno, al presentar una serie de recomendaciones que giran en torno al procedimiento que ha llevado a cabo el organismo en el país, sobre todo en los referentes a libertades.
La CIDH es actualmente el ente regulatorio que más observaciones ha presentado a Ecuador. Solo entre los meses de noviembre de 2011 y abril de 2012, la Procuraduría contó 62 comunicaciones enviadas al país; situación que llegó a importunar al gobierno ecuatoriano, por lo cual presentó una queja formal ante el organismo. Para el Estado llamó la atención que «dicho envío repentino, en el transcurso de esos cinco meses, coincida con las observaciones realizadas por Ecuador al funcionamiento de la CIDH y al fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos», así lo describe una publicación de la propia Procuraduría.
En ese lapso de meses se dio la demanda presentada por el mandatario Rafael Correa contra el periodista Emilio Palacio y los directivos de diario el Universo. La Corte Nacional de Justicia ecuatoriana sentenció entonces con tres años de cárcel a los procesados y los obligaba a pagar 40 millones de dólares como indemnización. Los involucrados presentaron una demanda ante la CIDH y ésta, meses más tarde, pidió al gobierno suspender «de inmediato» los efectos de la mencionada sentencia. El secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, catalogó al ultimátum como un «daño irreparable» al derecho de libertad de expresión.
Bajo la misma temática, lla CIDH solicitó a Ecuador información por las supuestas amenazas y descalificaciones hacia periodistas que participaron en una audiencia sobre la libertad de expresión. La presidenta de la Cidh, Dinah Shelton, denunció que «tras la audiencia celebrada el 25 de octubre en Washington, el Estado emitió por cadenas de radio y televisión mensajes claramente descalificatorios en contra de la organización peticionaria Fundamedios, su director y demás participantes».
Como respuesta, el gobierno de Rafael Correa defendió su postura, presentando noventa páginas que incluyen anexos con supuestos casos de censura previa en medios privados y agresiones contra periodistas de medios públicos. Además, el canciller Ricardo Patiño calificó como «parcializada» la labor de la CIDH, alegando que «existe un conflicto de intereses».
Con el actual régimen, el organismo encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, ha puesto énfasis en procesar asuntos referentes a la libertad de expresión. Ante ello, la cancillería propuso que todas las relatorías tengan el carácter de especiales, y no solo la que compete a la libertad de expresión, por razones fundamentales y administrativas.
