La consulta popular propuesta por el Ejecutivo no solo enfrenta puntos de vista, sino ideologías e intereses políticos. La ciudadanía reclama un debate serio, mientras los expertos consideran que la oposición no presenta alternativas.
Alexandra Vásquez, contadora de profesión, dice sentirse desinformada respecto a las preguntas. “En la televisión lo único que veo es peleas entre políticos pero no debates serios”.
“Si ellos son los que tienen más claro el panorama deben explicárselo al pueblo y no confundirlo más”, expresa asimismo Diógenes Zambrano, profesor de secundaria.
Pero para el constitucionalista Milton Castillo, más allá de las confrontaciones políticas es necesario que quienes se oponen o piensan diferente presenten alternativas. “Se ha politizado enormemente el tema y no se ve el fondo de lo que quiere el Presidente. Los políticos deben dar alternativas”.
En el caso del foro Cauce Democrático, integrado por personalidades que estuvieron en cargos políticos, Wilfrido Lucero, ex titular del Congreso Nacional, refiere que la intención del foro es “defender las libertades, la democracia y lograr que los ciudadanos se expresen para que la opinión pública no sea manipulada”. Sin embargo, no plantea una alternativa y anuncia que continuarán con los foros.
“No se requiere solo un manifiesto, sino ’una contrapropuesta’ que dé respuestas a los grandes problemas del país”, señala Castillo.
Para Juan Carlos Cassinelli, jefe de bloque de Alianza País, la intención de consultar a los ciudadanos es legítima y es la Corte la que determinará la pertinencia de cada una de las interrogantes.
El asambleísta Paco Moncayo cree que el deber de los políticos es dar su opinión “para que sea el pueblo democráticamente quien de la razón a unos o a otros”.
Del otro lado están quienes rechazan tajantemente la idea de preguntar al pueblo sobre temas de justicia, seguridad, comunicación, entre otros. Su argumento es que para realizar modificaciones penales y de otra índole la Asamblea es la que debe cumplir esa labor.
El asambleista independiente Jimmy Pinoargote cree que la propuesta por el Ejecutivo no es viable debido a que “se quieren hacer reformas a la Constitución y para eso está Legislativo”.
En una tercera línea están quienes consideran que la consulta debe replantearse. Ese es el caso de Lourdes Tibán, asambleísta por Pachakutik (brazo político del movimiento indígena). La legisladora cree que las observaciones que la Corte Constitucional realice deben ser acatadas por el primer mandatario. El martes último, el presidente Rafael Correa sostuvo que si hay cambios de forma, él los aceptará.
Sin embargo, la principal preocupación de los ecuatorianos es la desinformación y la falta de propuestas. Andrés Flores, estudiante de Medicina, piensa que más allá de las peleas, los políticos deberían “transmitir la verdad y dar más opciones”. “Yo creo que sí se debe reformar la justicia, pero es un problema de todos y todos debemos participar”.
