Un estudio realizado por la empresa encuestadora SP Investigaciones revela que las preguntas que serán planteadas el próximo 7 de mayo en el referendo cuentan con una alta aprobación por parte de la ciudadanía consultada.
La encuesta fue realizada el pasado 26 de febrero a 2.420 personas en la Costa y Sierra urbana y rural, con un muestreo aleatorio estratificado tomando como base las proyecciones del Censo de Población al 2010.
En el caso de la primera pregunta de enmienda constitucional, sobre la caducidad de la prisión preventiva, el estudio indica que tiene un respaldo del 78%, mientras que un 20, 5 la rechaza.
Con respecto a la segunda interrogante, vinculada a las medidas sustitutivas, a la caducidad de la prisión preventiva, el trabajo de SP Investigaciones revela que un 76% de los entrevistados está de acuerdo con esta propuestas versus un 25% que se opone a las mismas.
Siguiendo con el cuestionario de las enmiendas, el 72% apoya la prohibición para que las instituciones del sistema financiero privado así como las empresas de comunicación privadas, de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional. El 27,8 por ciento no respalda esta propuesta del Ejecutivo.
También un 72% de los consultados apoya la pregunta sobre la disolución del actual Consejo de la Judicatura y la instalación de un organismo tripartito que tenga 18 meses para reformar el sistema nacional de justicia.
Mientras que el 73% de las personas que participaron de la encuesta aprueba modificar la composición del Consejo de la Judicatura.
Temas de la consulta
Sobre las preguntas de la consulta popular, el 76% está de acuerdo con que la Asamblea Nacional tipifique, en el Código Penal, como un delito el enriquecimiento privado no justificado.
En la segunda pregunta, en donde se consulta al pueblo ecuatoriano si desea que se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar como los casinos y salas de juego, el 79% de los encuestados está de acuerdo con esta medida.
Según el estudio de SP Investigaciones, el 77% se mostró a favor de la pregunta que plantea que el Legislativo expida una ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de comunicadores o los medios emisores.
Un 80% está de acuerdo con que la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de trabajadores en relación de dependencia sea considerado un delito.
Mientras que la prohibición de espectáculos cuya finalidad sea la muerte del animal recibió un respaldo del 78,8% en Guayaquil; del 53,6% en Quito; 62,7% en Santo Domingo de los Tsáchilas y del 59,8% en Ambato.
