Ecuador desistió el jueves de la demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
«El acuerdo incluye la entrega por parte del Gobierno de Colombia de quince millones de dólares para, diplomáticamente se dice, (el) fomento de desarrollo de la zonas de la frontera», sostuvo el funcionario en una rueda de prensa.
Agregó que se utilizarán esos recursos «también para las necesarias reparaciones de las personas afectadas por las aspersiones de glifosato».
Patiño calificó el acuerdo como «positivo», porque garantiza que «el principal objetivo, que los efectos de la fumigación del gobierno colombiano en su lucha contra los cultivos ilícitos, no lleguen a nuestro territorio». También dijo tiene «absoluta confianza» en que se respetará.
El Canciller explicó que en el documento se estableció que Colombia garantizó «una zona de exclusión, que inicialmente será de diez kilómetros, en la zona fronteriza».
«Esta zona de exclusión de aspersiones aéreas, que durante el primer año serán de 10 kilómetros, podrá reducirse a 5 kilómetros en el segundo año y hasta dos kilómetros en adelante, siempre y cuando la comisión científica binacional compruebe y certifique que el glifosato asperjeado no llegue a territorio ecuatoriano bajo ninguna circunstancia», dijo.
Sólo la comisión binacional podrá decidir si se autoriza una disminución en la zona de exclusión aérea, aseveró el canciller.
En caso que se demostrase que con la disminución de la zona de exclusión el glifosato sí afecta a Ecuador, «inmediatamente volverá a ampliarse hasta cinco o hasta diez kilómetros», advirtió el titular de la diplomacia ecuatoriana.
El acuerdo alcanzado con Colombia determina que cualquier cambio que se quisiera hacer en la mezcla que se use para las fumigaciones deberá ser «consultado y consentido» por el Gobierno de Ecuador, añadió.
«Estamos hablando de cosas serias y nos alegra que con el Gobierno de Colombia hayamos podido alcanzar este acuerdo porque ellos saben, conocen el efecto que se produjo en Ecuador», comentó Patiño.
El Canciller informó que la próxima semana se reunirán en Lago Agrio con las organizaciones que representan a los afectados, sobre el protocolo para que los pobladores puedan presentar su reclamación, el mismo que deberá estar listo en 15 días.Explicó que dentro de la comisión binacional se designará a una persona que represente a las comunidades, para ver cómo con esos recursos se podrá hacer reparaciones a los pobladores de la zona.
