La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional archivó, con seis votos a favor, el trámite de juicio político contra la ministra de Educación, Gloria Vidal, «por cuanto no se ha evidenciado incumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales».
La moción de archivo del juicio político fue planteada por la vicepresidenta del organismo, Marllely Vásconez y tuvo el apoyo de los asambleístas Lídice Larrea, Omar Juez, Fernando Cáceres, Viviana Bonilla y Silvia Salgado.
En contra votó el parlamentario Franklin Purcachi (alterno del asambleísta Galo Lara), mientras que los asambleístas Alfredo Ortiz, Luis Morales y Grace Moreira, se abstuvieron. Estuvo ausente el asambleísta Tomás Zevallos.
La comisión determinó que la funcionaria «ha demostrado que en su gestión ha contribuido con los objetivos y metas de la educación constantes en el Plan Nacional del Buen Vivir».
En la resolución recomiendan a la ministra que dé una solución urgente y definitiva a la grave situación por la que están atravesando los jubilados del magisterio, quienes demandan el pago de la diferencia del incentivo de la jubilación que consta en la Vigésimo Primera Transitoria de la Constitución, que corresponde a los maestros jubilados durante los años 2008, 2009 y 2010.
Asimismo, acogiendo la propuesta de los jubilados de las 24 provincias del país, se propondrá una ley interpretativa a la Ley Orgánica de Educación Intercultural por la cual se permitirá el pago de la diferencia del estímulo de la jubilación, garantizando y manteniendo el principio de igualdad ante la ley.
La Comisión exige que, a través de un acuerdo ministerial, se dé paso a la creación de la modalidad de Bachillerato en Artes, en el marco del Bachillerato General Unificado, que permita un reajuste del tronco común de asignaturas generales, incluyendo materias de especialización desde el primer año de bachillerato, en respuesta a la especificidad de varias unidades educativas como las de música y artes.
El juicio político fue planteado por el asambleísta Jorge Escala, del Movimiento Popular Democrático (MPD), quien acusaba a la ministra de supuesto incumplimiento de las funciones asignadas en la Constitución y la Ley, sobre todo en lo referente a la aplicación de la Ley de Educación Intercultural, del Bachillerato General Unificado, que a su criterio no responde a la realidad del país.
