La comisión conformada para la investigación de los hechos del 30 de septiembre del 2010 determinó, en su primer informe, la influencia de ciertos actores políticos, antes, durante y después de la fecha como «activadores del proceso de desestabilización y de conspiración en contra del gobierno democrático, activando los hechos de violencia que se produjeron y que desembocaron en la muerte y las heridas de 5 ciudadanos y decenas de ciudadanos, respectivamente, y también cómo ellos en lo posterior han pretendido señalar de que lo que ocurrió (ese día) fue una farsa». Así lo determinó Carlos Baca como presidente de la comisión.
Según Baca, estaría involucrados Pepe Acacho asambleísta de Pachakutik, que según el informe habría determinado como objetivo de las protestas indígenas que se llevaban en la fecha finalizar con el mandato del presidente Rafael Correa.
Otro de los implicados en las revueltas sería el ex-presidente y líder de Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, que según el informe se habría reunido días antes a los sucesos con Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia, y el banquero Roberto Isaías Dassum. En dicha reunión se mencionaron las posibilidades de eliminar a Hugo Chávez y al Presidente Rafael Correa del escenario.
De la misma manera se mencionan a otros actores políticos vinculados con el MPD y el PSC.
Los resultados de la investigación serán presentados a la Fiscalía General del Estado que tiene la potestad judicial para decidir si los mencionados en el primer informe de la Comisión de investigación del 30-S, son cómplices de los hechos suscitados hace tres años.
