Las atribuciones y la conformación del Consejo de Regulación será el último de los cinco puntos que discutirá la Comisión Ocasional de Comunicación para incorporar en el Proyecto de Ley el contenido de la pregunta 9 de la Consulta Popular, aprobada el 7 de mayo pasado.
Previamente la mesa debatirá las categorías y la regulación para aquellos mensajes con contenidos discriminatorios, violentos y sexualmente explícitos. Como cuarto punto se analizará la responsabilidad ulterior, los criterios de aplicación y su regulación.
El consenso sobre el cronograma de trabajo se alcanzó después de 90 minutos de debate, pues ayer persistieron las voces de los legisladores que consideran necesario suscribir un acuerdo que blinde al texto de un veto del Ejecutivo.
El presidente de la comisión, Mauro Andino (PAIS), se comprometió a construir un proyecto de ley con calidad técnica, garantista de derechos y democrática.
Para complementar el análisis, el asambleísta Rolando Panchana (PAIS) propuso utilizar como insumos las definiciones conceptuales, legales y el marco jurídico vigentes. Se refirió particularmente a la Ley de Radiodifusión y las resoluciones del Conatel, Conartel y de la Corte Suprema de Justicia.
Diana Barragán, legisladora suplente de César Montúfar, también planteó que se distinga dentro de la Ley comunicación e información, dos conceptos que, a su criterio, se confunden dentro del articulado planteado para segundo debate.
Por otro lado, el independiente Jimmy Pinoargote pidió a la comisión incorporar al debate el contenido de la pregunta 3 de la Consulta, que prohíbe a los accionistas del sistema financiero tener inversiones en los medios de comunicación y viceversa. Andino se comprometió a discutir el aspecto pertinente, pues señaló que el tema corresponde a otras leyes.
VETO PREOCUPA A LA OPOSICIóN
Durante la sesión, la asambleísta de Madera de Guerrero, Cinthya Viteri, presentó un fragmento del último enlace sabatino, en donde el presidente Rafael Correa insistía en la necesidad de democratizar los medios de comunicación y recordaba que, como colegislador, podía optar por el recurso del veto.
Para Viteri, ese pronunciamiento pondría en riesgo los acuerdos que se alcancen al interior de la Asamblea y advirtió sobre la presunta intención de incorporar en el texto sanciones para los periodistas.
La asambleísta Betty Carrillo aclaró que en el texto enviado para segundo debate no había sanciones para periodistas, por lo que descartó que haya esa intención. Además explicó que las injurias y calumnias ya están sancionadas en el Código Civil.