La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea resolvió archivar la solicitud de juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), Paulo Rodríguez.
El pedido de juicio fue planteado por el asambleísta César Rodríguez, ex Alianza País. La Comisión no encontró que el titular del CJT incumpliera con sus funciones asignadas en la Constitución, como había argumentado el legislador.
La moción, presentada por la asambleísta Marllely Vásconez, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, fue aprobada con 6 votos a favor y cinco en contra.
A favor se pronunciaron Silvia Salgado, Omar Juez, Viviana Bonilla, Lídice Larrea, Fernando Cáceres y Marllely Vásconez. En contra se pronunciaron Galo Lara, Abdalá Bucaram, Alfredo Ortiz, Luis Morales y Juan Aldaz (alterno de Tomás Zevallos).
La proponente de la moción manifestó que el artículo 131 de la Constitución determina que «la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de su miembros y por incumplimiento de las funciones que le asignan la Constitución y la Ley».
Vásconez sostuvo que en este caso, Paulo Rodríguez no incumplió con sus funciones al solicitar la declaratoria del estado de excepción en la Función Judicial al Ejecutivo.
Dijo que más bien viabilizó el proceso de transformación de la justicia, que es un mandato del pueblo ecuatoriano aprobado en la consulta popular, debido a que ello permitirá canalizar los recursos económicos para atender los juicios represados.
Previamente, el asambleísta Luis Morales propuso que la comisión califique la solicitud, la misma que no fue aceptada, pues se registraron 5 votos a favor, 5 en contra y una abstención.
