Los veinte países que participaron ayer en la II Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no lograron un consenso sobre una propuesta formal para cambiar la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), actualmente en Washington. Sin embargo, se llegó a un acuerdo para motivar a que todos los países miembros ratifiquen el Pacto de San José, el cual da vida al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
El traslado de la sede de la CIDH a otro país, propuesta que tiene en Ecuador y el resto de países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) sus principales impulsores, no convenció del todo al resto de los Estados que, como Brasil, consideran que debe incluir un análisis del coste económico que supone ese proceso.
El argumento de los países del ALBA es que resulta incongruente que el organismo tenga sus instalaciones en un país que no ha suscrito el Pacto de San José.
Aunque se barajaba la posibilidad de que de este foro saliera una propuesta consensuada sobre el cambio de sede, finalmente los países no han cerrado en bloque un acuerdo que pueda ser presentado ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se realizará en Guatemala en junio.
Argentina, Perú y Costa Rica (que ya alberga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH) son algunos de los países que han sonado como posibles candidatos. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien inauguró la conferencia, acusó a la CIDH de cuestionar «solo a los gobiernos y presidentes antiimperialistas» e insistió en la necesidad de reformar en profundidad a la OEA.
Comisión de Cancilleres impulsará adhesión a Pacto
Los asistentes suscribieron la «Declaración de Cochabamba», leída por el canciller boliviano, David Choquehuanca, que establece la creación de una comisión especial de cancilleres para realizar visitas a los países que no forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En esta comisión, los cancilleres de Uruguay y Haití representarán a Suramérica y el Caribe, respectivamente,mientras queda pendiente la designación de los delegados centroamericano y norteamericano.
Los ministros tienen la misión de organizar una reunión entre los Estados firmantes y los no firmantes del Pacto de San José, además de miembros de la sociedad civil y otros actores sociales «para afianzar y promover la universalidad del sistema interamericano de derechos humanos». La idea es lograr todas las adhesiones posibles a la Convención, puesto que en la actualidad solo 23 de los 34 países de la OEA han suscrito la citada convención.
Además, se acordó la creación de un grupo de trabajo encabezado por Uruguay y Ecuador, que deberá «avanzar en la consideración de la conveniencia» del cambio de sede, especialmente en lo que se refiere a la operatividad de la propuesta.
«No puedo anticipar si esto estará en Guatemala, pero hemos pedido trabajar en la concreción de esta idea», precisó el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, sobre la posibilidad de que el informe encargado al grupo de trabajo esté listo para la próxima Asamblea de la OEA. Además, los asistentes resolvieron solicitar al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, «que presente al Consejo Permanente el análisis detallado de las fuentes de financiamiento de los costos de funcionamiento de los órganos del SIDH, «en el más corto plazo».
Durante la conferencia, Patiño dijo que Ecuador quiere que las relatorías de la CIDH sean institucionalizadas. En su intervención, el diplomático ecuatoriano contó cómo se fueron formando las relatorías. Desde 1990 hasta 2005 se crearon estas instancias que incluyen a los niños, defensores de los derechos humanos, afrodescendientes, mujeres, migrantes, entre otros colectivos.
De todas ellas, la única que tiene el carácter de especial es la dedicada a la libertad de expresión. «A cada comisionado se le encargaba una relatoría sin ningún funcionamiento institucional», señaló el ministro de Relaciones Exteriores.
Patiño aseguró que existe un «absoluto desorden institucional» y que todos los derechos son especiales. Por eso Ecuador pidió al resto de países del hemisferio un «análisis institucional de la CIDH, definir qué tipo de relatorías vamos a tener, no por iniciativas de los comisionados. Son relatorías fantasmas».
PREPARACIÓN DE CONFERENCIA INICIÓ CON UNA CITA BILATERAL
La agenda de los cancilleres de Ecuador, Ricardo Patiño, y de Bolivia, David Choquehuanca, empezó temprano. Ambos se reunieron dos horas antes de la inauguración de la II Conferencia de los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Más tarde se unieron a la cita algunas delegaciones de los países miembros de la Alianza de los Pueblos de nuestra América (ALBA).
Ya en la conferencia, Patiño mostró los compromisos asumidos en la Declaración de Guayaquil y los avances alcanzados en la Asamblea General Extraordinaria de la OEA del 21 de marzo pasado, cuando se acogieron seis de los ocho puntos planteados por Ecuador para fortalecer al SIDH.
El Canciller de Brasil, Antonio Patriota, propuso que se realice una reunión con todos los Estados, signatarios o no, del Pacto de San José, a fin de debatir el tema y avanzar en el objetivo.
La Conferencia fue inaugurada por el presidente de Bolivia, Evo Morales. El Mandatario, en un enfático discurso, criticó el proceder que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene con los gobiernos de izquierda de la región. «La CIDH coloca la lupa sobre los gobiernos progresistas para saber su comportamiento democrático, pero nada dice de los gobiernos conservadores que cada día recortan los derechos sociales», dijo.
Además, expresó la necesidad de «refundar la OEA» para que pueda estar al servicio de los pueblos del continente, mas no del «imperio».
Elena Rodríguez Especial para El Telégrafo
