Durante la semana pasada tanto en Quito como en Sarayaku (Pastaza), los integrantes de esta comunidad amazónica celebraron el año de la sentencia dictada en su favor por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El dictamen llegó tras la lucha de ese pueblo por impedir la continuación de la actividad petrolera iniciada en 1996 en su territorio, cuando el Estado otorgó una concesión a la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC) para que explotara el denominado Bloque 23. A inicios de 2003, CGC empezó la búsqueda de crudo y para el efecto sembró pentolita (explosivo) en la zona. En ese punto, la comunidad acudió ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para que interviniera y lo impidiera.
Y en días pasados, José Gualinga, dirigente kichwa y presidente de Sarayaku, informó que el viernes 26 de julio, el Gobierno Nacional realizó la transferencia de 1,3 millones de dólares a las cuentas de la comunidad. Ese rubro corresponde a la indemnización económica que el Estado estaba obligado a pagar como parte de la remediación por daños causados cuando en 2002 y 2003 la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) intentó explotar el hidrocarburo en esas zonas.
Gualinga expresó que algunas de las reparaciones establecidas por la corte ya han sido cumplidas; entre ellas, la publicación de la sentencia y la impartición de un curso de relaciones humanas a funcionarios del Estado, en el que se incluyó a un dirigente indígena.
También se devolvió dinero a las organizaciones que contrataron a los abogados que patrocinaron la defensa de la comunidad y se está llevando a cabo la traducción de la sentencia en idioma Kichwa, la que será publicada en los medios de comunicación.
Sin embargo, para el dirigente, las medidas de no repetición y la consulta previa no se estarían cumpliendo. «Pese a existir la disposición expresa de la CIDH de que los pueblos deben ser consultados y dar su aprobación en temas de extracción de recursos, el Estado avanza con la futura explotación petrolera (…). Este tema es el más conflictivo y traerá mucho debate», indicó.
Para definir las acciones que restan por cumplirse, los dirigentes indígenas anunciaron que está previsto que hoy en Puyo, se realice una reunión entre una comisión de 10 dirigentes de Sarayaku con delegados de los ministerio de Justicia, Ambiente, Derechos Humanos, Interior y otros.
Entre los temas en agenda constan: definir el presupuesto, plan de trabajo, comisiones y tiempos que se requerirán para el retiro de la pentolita tanto del interior como del exterior de la comunidad.
Los indígenas esperan conocer en dicho encuentro, sobre todo, la fecha en que el Estado ecuatoriano emitirá una disculpa pública. El pueblo amazónico quiere que el Presidente de la República haga las veces de representante estatal y que el acto se realice en Sarayaku.
En tanto, Gualinga indicó que el dinero recibido de parte del Estado será empleado en la ejecución de proyectos y planes de vida que beneficiarán a los 1.200 habitantes de la zona; por ejemplo, aspiran a establecer una empresa aérea de propiedad comunitaria para mejorar la comunicación de sus miembros.
