Los discursos preelectorales matizaron el primer debate de la Ley de Redistribución del Gasto Social que se desarrolló ayer en la Asamblea Nacional.
A pesar de las dudas sobre el contenido del texto que pretende que una parte de las utilidades de la banca financie el incremento de $ 35 a $ 50 del Bono de Desarrollo Humano, a través de una reforma tributaria, ningún sector político expresó su oposición.
Esto por el temor a que una postura contraria a la propuesta hecha por el Ejecutivo pueda tener efectos negativos en una futura campaña electoral, en la que participarán más de la mitad de los asambleístas.
El texto plantea la eliminación del beneficio de la reducción del 10% al Impuesto a la Renta (IR) para los bancos; una reforma a la fórmula de cálculo del anticipo de los bancos y de las sociedades financieras, que sería al 3% de sus ingresos gravados; la aplicación del 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios financieros de las entidades bancarias; la obligatoriedad de remitir información de las instituciones del sistema financiero directamente al Servicio de Rentas Internas (SRI).
El oficialismo profundizó su estrategia de cuestionar las ganancias de la banca y en defensa de los beneficiarios del bono.
Para eso ayer, los asambleístas del oficialismo no guardaron palabras en resaltar los objetivos del proyecto y lo que significa para un sector vulnerable de la población.
Incluso invitaron a alrededor de 400 beneficiarios del bono, quienes observaron el debate y destacaron la ayuda que significa este rubro. Aplaudieron las intervenciones en defensa del incremento y pifiaron las que cuestionaron el mecanismo de financiamiento.
El asambleísta Paco Velasco (AP), quien es el dictaminador del proyecto al presidir la Comisión de lo Tributario, aseguró que las personas que reciben este rubro de compensación no son mendigos. Reiteró que las entidades financieras deberán pagar el Impuesto al Valor Agregado “como todo hijo de vecina” y calificó como una “mentira” que con esta ley se vaya a restringir el crédito.
En ese sentido, su coideario Cristian Viteri dijo que los servicios bancarios siempre tuvieron que pagar IVA porque solo deberán estar exonerados sectores como salud y alimentación.
Defendió el planteamiento de regular los sueldos a funcionarios de la banca, con parámetros de eficiencia y tamaño de la entidad. Citó el caso de un ejecutivo de una institución financiera creada hace cinco años y que no reporta utilidades que gana $ 1 millón al año.
Virgilio Hernández (AP) aseguró que el argumento de que con la entrega del bono una persona deja de trabajar no es válido, porque esta medida es un mecanismo de compensación social porque nadie puede vivir con $ 50 al mes.
Desde la oposición, en cambio, se advirtió que el interés para que el presidente Rafael Correa haga esta propuesta es estrictamente electoral.
El asambleísta Paco Moncayo (Ruptura de los 25) señaló que este tema debió ser tratado de manera profunda y no con demagogia para ganar unos votos en época previa a la campaña.
Precisó que en el informe para primer debate no existe un análisis real de esta reforma tributaria, y advirtió que podría estar mal enfocado este beneficio al no reducir de manera significativa la pobreza.
Salomón Fadul (PSC) también calificó a la propuesta como electorera porque, a su juicio, con reasignar el presupuesto y con un decreto presidencial se puede dar el bono sin afectar a un sector estratégico de la economía del país. Advirtió que se juega con la necesidad de la gente por fines electoreros.
El legislador Luis Almeida (PSP) anunció el apoyo de su partido al incremento en el bono, y recordó que esa fue una propuesta del exmandatario Lucio Gutiérrez, quien se postulará para la Presidencia, desde hace dos años. Gutiérrez ha ofrecido subirlo a $ 65.
