La reforma al Código Penal ecuatoriano apunta a garantizar las sanciones para quienes cometan el delito de lavado de dinero, proveniente de actos ilícitos.
A la fecha, la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos tiene como autónomo este tipo de delito, es decir ya no depende de otros vinculados previamente, tales como, narcotráfico o tráfico de personas, por ejemplo.
Sin embargo, pese a dicho avance, la ley mantiene un “freno”, pues para que un juez o fiscal determine la existencia del lavado de dinero, se tiene que demostrar ‘fehacientemente’, que hubo el delito. Por ello muchos casos quedan en la impunidad, debido al contexto de dicho término.
En diálogo con la Agencia Andes, el director general de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAF), Gustavo Iturralde, aseguró que en el proyecto del Código Penal Integral (CPI), la palabra ‘fehaciente’ ha sido remplazada.
La nueva ley establece que simplemente debe haber suficientes elementos de convicción, para sancionar estos ilícitos, con lo cual se facilita la judicialización de este tipo de actos ilegales.
Actualmente, por lo menos 20 segmentos económicos están obligados a reportar movimientos inusuales, a las autoridades. Sólo en aquellos casos en los que el beneficiario sea una sola persona, por montos que superen los $ 10.000; o movimientos financieros que normalmente están fuera del perfil como cliente.
En Ecuador, negocios como los patios de venta de vehículos son utilizados para el lavado de dinero, sin embargo su detección es complicada, por lo que los controles apuntan a ese sector, sostuvo el funcionario.
“Los patios de vehículos, por más que cruzamos la información con el SRI (Servicio de Rentas Internas) (…) nos preocupa en sobremanera, porque de los casos de sicariato habidos en Guayaquil, en los últimos tiempos, este sector económico es el que ha estado más vinculado”.
Según informes de las Naciones Unidas, en el país circulan al año alrededor de $ 2.500 millones al año; dinero proveniente de actos ilícitos como el narcotráfico, aseguró el titular de la UAF.
Por este concepto, países como Perú registran movimientos que bordean los $ 10.000 millones, afirmó Carlos Hamman Pastorino, ex presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (Gafisud).
El experto destacó el avance del Ecuador en la lucha para prevenir el lavado de dinero, a través de nuevas normas.
Disposiciones de la Superintendencia de Compañías determinan que las empresas están “precisadas a verificar y levantar perfiles de los clientes y empleados en sus transacciones y operaciones mensuales”.
El personal que trabaja en la detección y prevención de lavado de dinero debe ser capacitado y entrenado. A esto se sugiere la conexión y coordinación permanente con otros países para hacer más efectivo el trabajo.
“Es un muy difícil que todo el delito se dé en un solo país, el dinero ilícito de acá no se va a lavar acá”, concluyó el ex presidente de Gafisud, en entrevista con la Agencia Andes.
Hasta hoy se desarrolla en Guayaquil el 4to Encuentro latinoamericano de profesionales de la seguridad y la prevención de lavado de activos. La cita congrega a los mejores conferencistas en el tema a nivel mundial.
