Érika Salazar, concejala y quien asumió la presidencia del Patronato Municipal de Riobamba, denunció el supuesto cobro ilegal a los ciudadanos por la atención médica que recibieron y que debía ser gratuita en esa dependencia.
La edil pidió un informe de los ingresos desde 2011 hasta 2013, pues aseguró que se utilizaba tiqueteras con serie numérica y el logotipo del Cabildo para prestar este servicio.
«La persona que necesitaba atención debía cancelar de 1 a 5 dólares, cuando se supone que el Patronato atiende a los más desfavorecidos y de forma gratuita. Basados en un proyecto de ordenanza empezaron el cobro. Esto ya era una tasa de contribución y lo recaudado debía ingresar a las arcas municipales, pero ahí no hay nada de ese dinero», explicó.
El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad), en su artículo 186 indica que «los Gobiernos Municipales podrán crear, modificar, exonerar, mediante ordenanzas tarifas, tasas, por el establecimiento de servicios públicos»; sin embargo, según Salazar esto nunca fue aprobado por el Concejo Cantonal.
Mariela Hidalgo expresidenta del Patronato Municipal y esposa del exalcalde Juan Salazar, expresó que lo que se solicitaba a la ciudadanía era un aporte voluntario.
«El Ayuntamiento no podría lucrarse del dispensario médico. No se le cobraba a todos, pues el que quería colaborar lo hacía por su propia voluntad. El dinero recaudado era depositado en la cuenta que fue abierta en el año 2001, en la administración del exalcalde Fernando Guerrero y con su esposa como presidenta del Patronato, la cual siempre se ha manejado. Era la cuenta solidaria del patronato», acotó. Hidalgo resaltó que los aportes solicitados a la ciudadanía eran utilizados en la compra de gas, pilas y otros instrumentos que resultan importantes dentro de la atención de salud.
«No teníamos un presupuesto asignado. Es por eso que parte del dinero cobrado era invertido en la compra de cosas para el funcionamiento de la institución», sostuvo. Desde abril se suspendió el cobro de este servicio.
Otro de los aspectos que generan dudas, destacó la concejala Salazar, es el de una persona que fungía como directora de Gestión de Desarrollo Humano y Social, durante la administración del exalcalde Salazar.
DATOS
Según la ordenanza, para ocupar el cargo en la Dirección de Gestión de Desarrollo Humano y Social se debía tener un título de tercer nivel, pero la persona que estaba en el puesto no lo poseía.
De acuerdo a la denunciante, la persona que ocupó esas funciones en la anterior administración solo era bachiller. Sin embargo, percibía una remuneración como si tuviese un nivel superior.
«Tendrá que rendir sus cuentas. Tal vez cometimos errores, pero nada fue de mala fe», dijo Mariela Hidalgo, expresidenta del Patronato Municipal.
La exfuncionaria dijo no entender el porqué recién aparecen estos cuestionamientos si tuvieron tres años para poder fiscalizar el trabajo realizado por las anteriores autoridades.
