La Corte Suprema de Chile condenó este miércoles a dos ex carabineros a diez años y un día de prisión por ser autores del secuestro calificado (desaparición) de un médico en Araucanía (sur del país) en septiembre de 1973, tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet al presidente Salvador Allende.
De acuerdo con el fallo de la Corte Suprema chilena, ambos expolicías deberán cumplir la sentencia sin el derecho de recibir algún beneficio carcelario, como libertad condicional o vigilada.
El médico Eduardo González Galeno, de 31 años y director del hospital de Cunco, fue detenido en su casa junto a su esposa, Natacha Carrión Osorio, también médico, el 14 de septiembre de 1973, tres días después de la revuelta militar que sacudió Chile.
Los ex policías Gamaliel Soto Segura y Clenardo Figueroa Cifuentes integraban la patrulla de Carabineros que los detuvo y que entregó a González a personal de la Fuerza Aérea en una base aérea de Temuco (centro), desde donde no se supo más nada de él.
A la doctora Carrión Osorio la trasladaron a una cárcel de mujeres de Temuco, lugar que abandonó en 1975 para cumplir en Bélgica una pena de extrañamiento, dictada por un Consejo de Guerra.
En el apartado civil, los tribunales anunciaron el pago de una indemnización fiscal de 100 mil dólares (cinco millones de pesos) a los familiares de la víctima.
De acuerdo con cifras oficiales, durante el golpe militar y posterior dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), al menos 3.200 personas murieron o fueron desaparecidas, 38.000 fueron encarceladas y centenares partieron en exilio.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos en Chile (AFEP), durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, denunciaron la semana pasada que en el país “aún hay mucha impunidad” y exigen justicia para los responsables de todos los crímenes que aún no se han esclarecido.
La AFEP se opuso, junto a organizaciones sociales, políticas y parlamentarios chilenos la preparación que realizan grupos de derecha de un acto de homenaje al dictador Augusto Pinochet (1973-1990) a inicios de junio. Calificaron esta actividad como “una vergüenza y un retroceso para la democracia”.
