Una serie de “desviaciones administrativas” detectaron los auditores de la Contraloría General del Estado al efectuar el examen especial a la gestión relacionada con los procesos de cierre y reapertura de locales comerciales y la recaudación de valores por levantamiento de sellos de clausura realizados por las comisarías y la Intendencia General de Policía del Guayas.
El organismo de control inició la investigación a raíz de las denuncias de extorsión y cobro de coimas expuestas por dueños de bares y discotecas de la Zona Rosa contra Julio César Quiñónez, exintendente de Policía; y César Hurtado, Lorena Alarcón, Jacqueline Hurtado, Estela Narváez y Esther Ansuástegui, excomisarios primero, segunda, tercera, cuarta y quinta.
Por este caso, el presidente Rafael Correa pidió la renuncia del exgobernador del Guayas Roberto Cuero, quien fue acusado de abuso de autoridad.
El borrador del informe –cuya lectura se realizó el pasado 18 de septiembre– indica que la Gobernación del Guayas no tiene un adecuado sistema de archivo y respaldo de la documentación de los expedientes abiertos a nombre de los locales que fueron clausurados entre enero del 2011 y abril del 2012 (periodo examinado).
Y agrega que los tiempos de imposición de las sanciones de clausura se manejan a discreción del intendente general y de los comisarios de Policía por la falta de procedimientos que establezcan uniformidad.
