El 30 de septiembre de 2010 se produjo en Ecuador un intento de golpe de Estado y rebelión policial, reiteró el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, quien fustigó a la oposición que insiste en calificar la jornada del 30-S como una protesta laboral de los gendarmes.
Según Cordero, existen evidencias documentadas en la Fiscalía que demuestran que no solo se trató de una confrontación policial por la supuesta supresión de beneficios en la nueva Ley de Servicio Público.
“¿Qué tenía que ver lo que pasaba en el regimiento Quito con el presidente de la República, con lo que pasaba en la Asamblea?”, se preguntó Cordero.
En la Asamblea se amedrentó y agredió a legisladores oficialistas y se borró los videos de las cámaras de seguridad. “La escolta legislativa borró tres meses de historia grabadas en video de la Asamblea Nacional”, enfatizó.
Cordero considera que estos hechos no tenían relación con el debate de la mencionada ley. Lo que existió fue la intención de agredir la institucionalidad y eliminar evidencias que servirían como pruebas posteriormente.
El titular del legislativo dijo que quince días antes de los hechos del 30-S, el jefe de la escolta legislativa, Rolando Tapia, actuó con negligencia al permitir el ingreso de simpatizantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) al pleno, para interrumpir el debate de la ley de Educación Intercultural. “Todo eso borraron’.
Si existen vestigios es porque se contaba con seguridad informática que permitió duplicar archivos y evidencias documentales que respaldan las versiones y que luego se entregó a las autoridades.
Parece inverosímil -señaló Cordero- que La Unión Interparlamentaria integrada por 182 países, con las pocas evidencias que pudo recabar ese mismo día a través de la información que transmitían los medios de comunicación, condenó el intento de golpe de Estado.
Sin embargo en nuestro país, a casi un año de los hechos, por resentimientos políticos, se insiste en ocultar lo que realmente pasó en el Ecuador.
