El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró este 20 de diciembre que detrás de la revuelta policial e intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010, hubo grupos políticos claramente definidos que esperaban el resultado del hecho para ver si caía el gobierno.
Durante una entrevista con periodistas uruguayos, Correa sostuvo que la revuelta fue inducida, en parte, por la prensa que -según él- desinformó, mintió y “solo publicaban cosas malas” sobre el contenido de la ley de Servicio Público, lo que exacerbó el ánimo de la fuerza policial.
La ley de Servicio Público, promulgada por el Ejecutivo, buscaba regular la burocracia e integraba a las Fuerzas Armadas y la Policía a la normativa del sector público.
“Claramente ahí hubo un intento de desestabilización del gobierno, y cuando eso no funcionó -yo atrapado en el hospital policial (donde se refugió luego de ser atacado en un cuartel contiguo)- se intentó matar al presidente”, afirmó Correa.
Correa dijo que cierto sector del periodismo, al que él llama “la prensa corrupta”, es el mayor opositor del régimen en este momento, y configura la expresión de los grupos de derecha que no pueden derrotarlo en las urnas pero tratan de vencerlo “día a día”, en una campaña sistemática de destrucción de la reputación del gobierno y del presidente.
Parafraseando al periodista español Ignacio Ramonet, Correa reiteró que la prensa en América Latina, salvo algunas excepciones, ha sido “el perro guardián del estatus quo”.
Dijo que la practica en la región ha sido hacer un emporio económico y luego ponerse un medio de comunicación para defender los intereses de sus propietarios.
“…Y a eso le llaman libertad de expresión. Eso es un mecanismo de dominación que tiene América Latina. No nos engañemos. Esos negocios privados con fines de lucro han abusado de su poder informativo, al servicio de sus intereses”, subrayó.
En este contexto, expuso que, a inicios de década de los noventa, los dos periódicos y el canal de televisión más grandes del Ecuador participaron como socios en la negociación de la concesión de telefonía celular, que perjudicó al Estado.
