El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, sostuvo este lunes que la intención del bloque legislativo de oposición, que intenta aprobar una resolución para dejar sin efecto la desvinculación de empleados en el sector público, no tendrá efecto vinculante.
En días pasados el régimen inició un proceso de compras de renuncias con el objetivo de optimizar el servicio en el sector público.
En la agenda de la Legislatura de este martes se incluyó un punto para analizar un proyecto de resolución que demandar el reintegro de los servidores públicos que han sido separados de sus cargos.
“Esas resoluciones no tienen ningún efecto vinculante a nivel legal. Es la demagogia, la ligereza con que la oposición trata temas tan profundos como la reforma del Estado”, dijo Correa en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado del ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa.
Añadió que en caso de aprobarse la resolución que impulsa la oposición, será “un saludo a la bandera”.
“Pueden hacer lo que quieran, lo lamentable es que pierden el tiempo y desperdicien el dinero que les paga el pueblo ecuatoriano”, recalcó.
El mandatario sostuvo que no es posible realizar la reestructuración del Estado con los mismos servidores públicos.
Espinosa mencionó que la oposición legislativa no tiene argumentos legales para dejar sin efecto la compra de renuncias.
Correa indicó que la medida fue largamente analizada y descartó que los puestos vacantes vayan a ser reemplazados por cuotas políticas, como lo ha insinuado la prensa.
El gobernante deploró también que la prensa haya mostrado un escenario caótico por el despido de 110 médicos, de un universo de 7 000 profesionales de la salud en el sector público.
Reconoció que la compra de renuncias es una acción dura, pero necesaria para mejorar el sector público.
Añadió que su gobierno es el que más ha velado por los verdaderos derechos de los trabajadores, entre ellos la eliminación de la tercerización laboral, el trabajo por horas, y promover la afiliación obligatoria a la seguridad social.