Es claro que en el país ha existido persecución política”, dijo el presidente Rafael Correa en su informe anual de actividades y solicitó al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, se otorgue amnistía por los supuestos delitos cometidos por el ex presidente, Al Alberto Dahik Garzozi.
Dahik mantiene en su contra un orden de prisión emitida en 1995 por entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano Constantine, por presunta malversación de fondos estatales, durante el gobierno del ex presidente Sixto Durán Ballén (10 de agosto de 1992 y el 10 de agosto de 1996).
“Yo no puedo quedar indiferente ante lo que considero injusticias del pasado, más aún si en mis manos está el solucionarlas”, manifestó Correa, “aunque tengo inmensas diferencias ideológicas con él, jamás eso impedirá que exprese mi convencimiento de que es un hombre honrado, víctima del odio y de la barbarie que en ese momento dominaban el país”.
Esta solicitud la hizo el mandatario apoyado en el artículo 120, numeral 13, de la Constitución de la República, en donde se establece que la Asamblea Nacional tiene atribución de “conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes”, cita la normativa.
En el texto también se indica que la amnistía “no se concederá por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestros y homicidios por razones políticas de conciencia”.
